Desafío

Una misteriosa corrección política establece que es mejor ser nacionalista que no serlo. Sucede, sin embargo, que la gran mayoría de los ciudadanos de España no se sienten nacionalistas de nada y por supuesto que tampoco nacionalistas españoles. Y en todo caso prefieren resaltar aquello que nos une que lo que nos pueda separar. Y nos une una historia común y algo que es mucho más importante que la historia: unos valores constitucionales y democráticos que se avivan en todo el territorio estatal, uniformemente, con grandeza y sensibilidad, cuando ello es necesario. Y nunca fue más necesario que tras el 11-M: tiempo del dolor más intenso y tiempo, también, que desvela el nacimiento de una sociedad nueva. De un país mestizo y laborioso, moderno y solidario, creativo y abierto. En las antípodas de cualquier descarrío excluyente.

España es una gran nación ilustrada donde rige la división de poderes y donde vivimos en libertad. Pero ¿y la igualdad? Tal vez algunos nacionalismos sean poco proclives a esa llamada. Ellos miran para sí, para sus regiones. Quieren que su dinero no salga de sus territorios, y de este modo se puede acabar quebrando la solidaridad: las comunidades ricas serán cada vez más ricas, las pobres, más pobres y las diferentes, más diferentes. A veces, de un modo forzado y artificioso.

Desde hace más de un cuarto de siglo el discurso territorial predominante en España es el de la pluralidad, algo muy conveniente, por otra parte, después de tanta barbarie uniformista. Pero en los últimos años vamos viendo que esa pluralidad a veces se antoja insaciable. Como si ya fuera una "revolución permanente" que sólo se conformará con la independencia. Es un plan que medró mucho en las dos últimas legislaturas porque siempre resulta más fácil embellecer la segregación frente a un gobierno de derechas que frente a uno de izquierdas. Pero ahora estamos ante un cuatrienio socialdemócrata y Zapatero tiene que pronunciarse. Con claridad. Al margen de ello, urge reformar el Senado para que sea, por fin, la gran cámara de diálogo entre el Estado y las comunidades y ciudades autónomas.