Los 'híper' topan con las autonomías

"Tenemos paralizados 500 millones de euros en inversiones, que se desembolsarían mañana mismo y que frenan las restricciones a la implantación de grandes superficies en diferentes comunidades autónomas". La patronal de la gran distribución Anged, que engloba a grupos como El Corte Inglés, Alcampo, Ikea, Eroski o Carrefour, lleva semanas martilleando el mensaje de que en España existe una ruptura de mercado de facto para los grandes establecimientos, que limita su crecimiento y mengua la oferta para el consumidor.

A la intensificación de este mensaje no es ajeno el vuelco electoral del 14-M y la formación de un Gobierno socialista que, según el programa electoral del PSOE, apunta hacia un giro en la política de comercio interior respecto del tinte liberal del Gobierno del PP. "El programa es el que es, aunque lógicamente puede haber matices", señalan fuentes del PSOE, que se dicen dispuesto a "defender las condiciones de competencia" en el comercio minorista.

600.000 comercios

En España, donde conviven cerca de 600.000 pequeños comercios, 343 hipermercados, 4.027 supermercados de 1.000 a 2.499 metros cuadrados y otros casi 20.000 súper de menor tamaño, existe un marco legal básico que se gestó en 1996 con el mayor de los consensos y que buscaba el equilibrio entre los diferentes formatos en competencia, lo que implicó cierta protección del pequeño comercio.

Esta Ley de Ordenación del Comercio Minorista coexiste con las competencias exclusivas en la materia delas comunidades autónomas, que definen a su juicio en cada caso qué es un gran establecimiento y a las que en 1996 se capacitó para dar una licencia imprescindible para la apertura de una gran superficie tras evaluar su necesidad real en cada zona, sin perjuicio de la licencia que continúan requiriendo los municipios.

¿Qué ha ocurrido desde 1996? Primero, se ha reducido la cifra global de establecimientos (en un 29%), y de manera mucho más agudizada (en un 42%) el número de comercios tradicionales, según los datos de AC Nielsen. Lo segundo, se ha ha incrementado el tamaño de dichos establecimientos. Desde enero de 1997 hasta 2003, el número de híper ha aumentado un 27,9%; el de súper y establecimientos de autoservicio, un 14,9%; y las tiendas de descuento han aparecido como champiñones (un 42,4%).

Pero, al igual que los comercios tradicionales han perdido 4,5 puntos de cuota, hasta el 5,9% en alimentación envasada, los híper han perdido 6,6 puntos, hasta el 25,7%. Son los supermercados de entre 400 y 2.499 metros cuadrados los que han ganado terreno.

"Los supermercados crecen en toda España y en Europa independientemente del modelo de regulación. Estamos ante un cambio de sociedad, con más familias monoparentales y con menos hijos y con más gente mayor que vive sola, y eso hace que los híper pierdan cuota, sobre todo en alimentación", explica Ignacio García Magarzo, director general de la patronal de los supermercados Asedas y firme defensor de las licencias como instrumento para ordenar el desarrollo equilibrado del comercio siempre que se agilice su tramitación. Asedas declina valorar una de las propuestas del PSOE: bajar el listón actual de los 2.500 metros cuadrados a 500 metros de los centros para cuya apertura se quiere exigir una licencia autonómica.

El balance de la ley de 1996, que según Anged no ha logrado proteger al pequeño comercio, es positivo según la Confederación Española de Comercio, con 400.000 pequeñas empresas. Su portavoz y secretario de la Confederación en Cataluña, Miguel Ángel Fraile, dice: "La ordenación actual nos permite tener la casa arreglada, ya que combina libertad con ciertas reglas de juego. Anged ha querido crear una falsa polémica, porque la competencia es feroz". Pero a las grandes superficies, que confían en que el PSOE modere sus propuestas, las normativas autonómicas no les parecen justas.

A Anged le preocupan particularmente Cataluña y Baleares. En la primera, existe una moratoria entre 2001 y 2004 para la implantación de híper, mientras que para el resto de establecimiento se debe evaluar caso por caso si hay déficit o no de oferta comercial. En Baleares, existe una congelación de licencias autonómicas para grandes establecimientos (Ley 20/2001), y para centros inferiores a los 1.300 metros cuadrados en función de la población de cada municipio.

Pero moratorias y restricciones -que en el caso de Cataluña, Asturias y, aún sin aplicar, Navarra, se suman a un impuesto para los híper- afectan a más comunidades, como Navarra (Ley 25/2003), Castilla y León (Ley 16/2002), Asturias (Ley 10/2002), Cantabria (Ley de ordenación territorial y régimen urbanístico) y Aragón (en Zaragoza, para las superficies de más de 2.000 metros cuadrados). Y en todas las comunidades, antes de dar una licencia a una gran superficie, los Gobiernos evalúan la oferta comercial existente, la incidencia sobre el sistema viario, el empleo y la estructura del comercio en la zona.

"Sin regulación, se rompe todo el equilibrio. Debemos defender nuestra estructura social y económica. Madrid ha optado por un modelo más americano. Y es que el comercio está en función del urbanismo de cada zona", subraya el director general de Comercio del Gobierno catalán, Raimon Serret.

Estas restricciones -que también existen en países vecinos europeos como Italia, Grecia, Francia o Alemania- se mantienen al margen del Real Decreto de junio de 2000 del Gobierno del PP, que orientó al comercio de cara a 2005 hacia una total liberalización: apertura 24 horas al día 365 días al año.

Proceso gradual

El proceso se graduó en cuatro años, durante los que irían aumentando los domingos y festivos en que se podía abrir (de ocho al año a 12) y los horarios de apertura (de 72 horas a la semana a 90 horas). Aunque hasta 2003 sólo 12 de 17 comunidades respetaron los umbrales mínimos de festivos, Anged asegura que en 2004 todas las autonomías están ya "en la legalidad". "La liberalización se difirió en 1996. En 2000 se hubiera podido implantar y se volvió a retrasar, a 2005. Está claro que no es oportuna", enfatiza García Magarzo.

La gran distribución se apoya en las opiniones sobre el sector en España de organismos como el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o el Consejo de la UE, que inciden en la "insuficiente competencia". Como colofón, Anged se aferra al proyecto de directiva sobre Mercado Interior de la UE, que quiere apuntalar la libre circulación de los servicios y la libertad de establecimiento.