Condena de 240 euros al hombre que denegó el acceso a una piscina a gitanos

El Juzgado de Instrucción número 1 de Linares (Jaén) ha condenado a Juan Agudo a pagar una multa de 240 euros, a razón de 12 euros diarios, por ser responsable de una falta de vejación injusta de carácter leve al denegar el acceso a una piscina a personas de etnia gitana. El otro imputado y propietario del recinto, Antonio Ruiz Montiel, ha sido absuelto al no haberse encontrado ninguna prueba de cargo.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de julio en la localidad jiennense de Linares, cuando el condenado impidió la entrada a la piscina pública Virgen de Linarejos a tres mujeres, que pretendían entrar en la piscina acompañadas de siete niños de entre 5 y 12 años de edad. Juan Agudo argumentó para justificar su negativa de acceso que eran de raza gitana y que cumplía órdenes del dueño del recinto.

La sentencia considera probados los hechos que denuncian las demandantes y que durante el proceso fueron ratificados por las declaraciones de dos policías locales que fueron testigos de los mismos. Las afectadas presentaron una denuncia contra el empleado y el propietario de la piscina pública el 11 de julio de 2003, día de los hechos.

Sin embargo, desde la Federación de Asociaciones Culturales Cristianas de Andalucía (Facca) se ha criticado la sentencia por ser "muy negativa y sentar un grave precedente", declaró ayer el presidente regional, Luis Guillermo Cortés. Desde la Facca se lamentó que el juicio no se haya seguido por la vía penal por entender que existió un presunto delito de racismo.

El representante regional de Facca lamentó que la conducta del condenado haya sido considera como una falta leve y subrayó que denegar a una persona la prestación de un servicio público por su pertenencia a una etnia o raza está recogido en el artículo 511 del Código Penal con penas de seis meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 meses de inhabilitación especial.

"Consideramos que se trata de un delito de racismo consumado porque no es la primera vez que en este lugar se deniega la entrada a las personas de etnia gitana", insistió Cortés. Y añadió que sentencias como ésta "no ayudan a erradicar conductas racistas y xenófobas que aún se dan en la sociedad y que no sólo las sufren los gitanos". El representante de Facca señaló que las tres familias afectadas se sienten "ofendidas porque han vivido una experiencia muy humillante".

El presidente de la Facca aseguró que la federación seguirá respaldando a los afectados y que recurrirá ante todas las Administraciones una sentencia que rechazan y de la que ya han dado cuenta a la Consejería de Asuntos Sociales a través del Secretariado para la Comunidad Gitana. Además, recordó que el defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, ya calificó los hechos en su día como una "barbaridad".

También anunció que, el próximo 20 de abril, representantes de la Facca se reunirán con el delegado provincial de Justicia de la Junta, Celso José Fernández, con el objetivo de configurar un documento que sirva de base para pedir una revisión y modificación del Código Penal. "Debemos evitar que los delitos de racismo se contemplen de forma ambigua y se dejen a la libre interpretación porque puede ser muy peligroso para una sociedad multicultural", apostilló Guillermo Cortés.