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COLUMNA

Justicia en Usera

Cambiar seguridad por libertad, he aquí un trueque que nos proponen, con el mayor desparpajo y sin asomo de rubor, relevantes líderes políticos que se dicen democráticos y se desdicen como tales en sus actuaciones y manifestaciones públicas; aunque no se atrevan a pronunciarlo con todas sus letras, el intercambio que proponen estos usurpadores de la democracia es el del viejo sofisma reaccionario que prefiere la injusticia al desorden, como si la injusticia no fuera el mayor de los desórdenes posibles.

Pedro Martínez, teniente fiscal de Madrid, ha denunciado públicamente hace unos días a los señores Ansuátegui, delegado del Gobierno, y Fernández Rancaño, jefe superior de Policía, por haber organizado, con fines electoralistas, "operaciones policiales propagandísticas", redadas masivas de presuntos delincuentes a las que fueron invitados los medios de comunicación, operaciones que según el denunciante van en detrimento "de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos".

Para recuperar la confianza, y el voto, de las gentes de orden, nuestros dos guardianes de la ley no dudaron a la hora de montar, en la madrugada de la "segunda vuelta" de las elecciones autonómicas, un operativo que vulneró los derechos, las garantías y la dignidad de 122 inmigrantes "sin papeles" y por lo tanto sin voto, que cenaban pacíficamente en varios restaurantes del barrio de Usera y que fueron detenidos y exhibidos ante cámaras y flashes como peligrosos delincuentes y conducidos a unas dependencias policiales que dejarían horas después, humillados y vejados, pero sin acusación alguna sobre sus cabezas. Detuvieron a 123, pero a uno de ellos consiguieron acusarlo de algo, todo un récord de efectividad, no policial desde luego, pero sí propagandística, porque los medios de comunicación se hicieron eco del excepcional despliegue policiaco, pero obviaron, o no fueron informados posteriormente por sus solícitos anfitriones, del repliegue y del fiasco.

Además de los efectos puramente publicitarios a corto plazo, los mentores de la operación 'Tormenta en Usera' pretendían incidir en otro de sus sofismas favoritos y cargar sobre los inmigrantes el peso y la culpa de una delincuencia que ellos han sido incapaces de controlar.

El aumento de la delincuencia en Madrid, decía el teniente fiscal hace unos días en estas páginas: "Se debe al incremento de la precariedad y de la marginalidad, no a la nacionalidad". Por mantener y no enmendar esa tesis, de una obviedad manifiesta, Ansuátegui, en una actuación sin precedentes y por encima de sus atribuciones, solicitó al fiscal jefe de Madrid el relevo inmediato de Martínez, solicitud no aceptada pero que creó complicaciones y desajustes en la ya difícil coordinación entre la policía y los jueces.

Para los "justicieros de Usera", los culpables del aumento de la inseguridad ciudadana son los jueces que no encarcelan ni expulsan a los inmigrantes que caen en sus redadas, con la excusa de que, por mucho que se empeñen sus captores, no pueden imputarles ningún acto punible. Inmigración y delincuencia, inmigración y terrorismo, peligrosas asociaciones de ideas, terribles binomios que manejan con criminal imprudencia estos que anteponen el orden a la justicia y desconfían de la libertad porque siempre ven en ella el embrión del libertinaje, de la anarquía que amenaza su jerarquía.

El delegado Ansuátegui y el policía Rancaño saben, deberían saber, que el incremento de la delincuencia no se ataja sólo con medidas policiales, ni siquiera judiciales, pero cabe la sospecha de que su interés básico no esté tanto en la solución del problema, como en la utilización partidaria y corporativa del mismo, partidaria porque justificaría la actuación de un partido "de orden", partidario de la mano dura, y corporativa porque el miedo a la inseguridad propicia la creación de más medios, más poder y mayor impunidad para su gremio.

Después del éxito mediático que obtuvieron en Usera y en vísperas de la última campaña electoral, los justicieros, en un alarde de creatividad, organizaron otra redada con luz y fotógrafos, detuvieron a 16 inmigrantes rumanos y tuvieron que soltar a 15, una sensible mejora porcentual con respecto al operativo de Usera, ¡ánimo!

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 31 de marzo de 2004