El Gobierno mexicano propone un drástico recorte de las subvenciones a los partidos

Imposibles las reformas fiscal y del sector energético, el Gobierno de Vicente Fox ha enviado al Congreso dos ambiciosos proyectos que modifican el sistema electoral mexicano, al reducir la duración de las campañas y hasta en un 50% los multimillonarios subsidios oficiales a los partidos, y adecentan una judicatura penetrada por la corrupción, la inequidad procesal y el abuso de los derechos humanos. Los acusados deben probar su inocencia, la impunidad es regla, y la indefensión, clamorosa. La presunción de inocencia, como artículo constitucional, la instauración de los juicios orales y públicos, y un expedito acceso a la defensa son las novedades más relevantes.

El proyecto oficial, publicado el lunes, establece la unificación de los cuerpos policiales federales, la creación de un nuevo cuerpo y la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en una Fiscalía General de la Federación. De acuerdo con un diagnóstico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, persiste un sistema inquisitorial y los obstáculos de fondo impiden el debido proceso. Ese organismo aconsejó la promulgación de una ley reglamentaria de garantías individuales que, con carácter de norma general, se aplique a las legislaciones federales y estatales.

"Las instituciones de seguridad pública de justicia penal presentan un diseño con profundas fallas estructurales. Su corrección requiere, sin lugar a dudas, reformar nuestra Carta Magna y un conjunto de leyes federales con el objeto de reformular el sistema en su conjunto", subrayó Fox. Para el procurador, general retirado Rafael Macedo, la lucha contra la delincuencia ha sido desigual porque los delincuentes encuentran espacios para la impunidad y porque México tiene un sistema que no facilita la coordinación, ni la cooperación entre los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia.

La reforma judicial planteada por el Gobierno se sustenta en tres pilares: reestructurar orgánicamente las instituciones de seguridad pública, transformar el procedimiento penal y profesionalizar la defensa. Las carencias de la justicia mexicana son numerosas: de todos los delitos denunciados, menos del 5% son investigados y apenas el 2% terminan en el arresto de los supuestos delincuentes, según el cálculo de organizaciones privadas. Muchos abogados ignoran principios éticos o profesionales y a veces perjudican, a sabiendas, a sus clientes porque la contraparte les ha comprado. La confesión bajo tortura, prohibida legalmente, todavía es frecuente, según organizaciones de derechos humanos.

La propuesta sobre cambios electorales fue cursada el pasado día 22 y coincide con la presentada por varios partidos para reducir las campañas electorales (de seis a tres meses la previa a la elección de presidente), concentrar las fechas de convocatoria y rebajar la financiación oficial de los partidos: cerca de 500 millones de dólares por campaña en un país endeudado y deficitario en decencia.

Multas y sobornos

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el gubernamental Partido de Acción Nacional (PAN) fueron multados al demostrarse el ingreso de dinero fraudulento o irregular durante la campaña para las generales del 2 de julio de 2000. Los recientes vídeos que exhibieron a dirigentes de esa formación aceptando sobornos en metálico acentuaron el descreimiento de la sociedad en sus políticos.

El proyecto oficial disminuye la financiación pública, hasta el 50%, de las campañas para la Cámara de Diputados federal y Gobiernos de los 31 Estados, que se efectúan cada tres y seis años, respectivamente; y hasta el 25% en las presidenciales y al Senado, convocadas cada seis. El proselitismo para presidente pasaría de seis a tres meses y en las consultas locales, desde un pico de 109 días, a menos de 60. México desarrolla en 2004 una quincena de citas electorales para elegir gobernadores y Congresos locales. En el pasado, la renovación de la Cámara de Diputados y otros Gobiernos estatales costaron 1.360 millones de dólares.

El secretario de Gobernación (ministro del Interior), Santiago Creel, sostiene que "es hora de que podamos contribuir a limpiar la política; a poder tener partidos, procesos electorales y campañas, fuera de toda duda". En cuanto a la financiación oficial, el ministro reconoció que es muy difícil justificar el por qué México, con el 50% de sus 104 millones de habitantes en la pobreza, cuenta con partidos muy ricos.

Las reformas deberán ser aprobadas en un Congreso dividido en el que el PAN depende de su coalición con el PRI para sacarlas adelante.