El Gobierno vasco pide que se investigue la prisión de cuatro personas exculpadas

El Gobierno vasco anunció ayer que exigirá al Consejo General del Poder Judicial una investigación sobre los jueces responsables de la permanencia en prisión preventiva durante dos años de una mujer acusada del asesinato de un concejal de UPN, que el lunes fue exculpada y liberada por orden de Baltasar Garzón, y otras tres personas que ya habían quedado en libertad en febrero. Dos etarras encarcelados en Francia se han atribuido el crimen.

La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, anunció ayer que el Ejecutivo autónomo exigirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una investigación sobre los jueces responsables de la permanencia en prisión preventiva durante dos años de cuatro supuestos etarras -contra los que hay abierto un sumario por pertenencia a banda armada-, que finalmente han resultado exculpados del asesinato del concejal de Leitza (Navarra) José Javier Múgica.

El Gobierno que preside el peneuvista Juan José Ibarretxe perseguirá también la investigación sobre las presuntas torturas denunciadas por Ainara Gorostiaga, excarcelada el lunes por orden del juez Baltasar Garzón. Según la Dirección de Derechos Humanos del Ejecutivo autónomo, habría sido la autoinculpación de esta mujer, que luego rectificó -denunció que hizo tal declaración tras ser sometida a malos tratos y torturas-, el único elemento en el que los jueces se basaron a la hora de dictar su prisión desde 2002. La acusada y su familia proclamaron reiteradamente su inocencia.

Azkarate comparó el caso con el de "los cuatro de Gilford", que dio origen a la película En el nombre del padre, calificó de "vergüenza" que "un juez diga que la investigación fue correcta y se preguntó "qué cosas puede llegar a hacerse a una mujer libre e inocente para que confiese nada menos que un asesinato que no ha cometido". El caso alcanzó ayer una gran relevancia en los medios informativos vascos, que abrieron en muchos casos con la noticia.

Ainara Gorostiaga, Mikel Soto, Aurken Sola y Jorge Chocarro fueron encarcelados en febrero de 2002, acusados del crimen de José Javier Múgica, asesinado con una bomba en su furgoneta en julio de 2001.

Tras dos años en prisión preventiva, el 25 de febrero pasado el juez Guillermo Ruiz Polanco puso en libertad a los tres hombres, tras recibirse en la Audiencia Nacional una comisión rogatoria de Francia en la que los presuntos miembros de ETA Andoni Otegi y Oscar Zelarain, encarcelados en el país vecino, se atribuyen el asesinato del concejal.

El juez Garzón estableció el lunes que "no existen indicios racionales de criminalidad consistentes para mantener la imputación" y liberó a Gorostiaga, además de dictar un auto de procesamiento contra Otegi y Zelarain e iniciar los trámites para su extradición.

En la crítica que ayer efectuó la dirección de Derechos Humanos del Gobierno vasco se pide el "rápido y total esclarecimiento de los hechos denunciados por Ainara Gorostiaga", en referencia a su denuncia de torturas, y se considera que su autoinculpa-ción "cuestiona de forma inapelable el proceder de los policías que practicaron la detención y las diligencias (...), volviendo a colocar en primer plano el riesgo de tortura en casos de incomunicación y los espacios de impunidad que la actual legislación antiterrorista permite".

Derechos Humanos pidió por medio de una nota "la máxima colaboración de los poderes públicos" en la investigación, además de criticar la "nula diligencia" en el traslado de la información de que disponía la policía francesa sobre la autoría real del atentado, la falta de respeto a la presunción de inocencia de "algunos magistrados" y las "demoras en la Audiencia Nacional".