Presidentes del PP, Gobierno del PSOE
Los responsables de las principales empresas privatizadas son ejecutivos colocados por Aznar
Hace ocho años, cuando el PP ganó sus primeras elecciones, se desencadenó la última y masiva oleada de privatizaciones que estuvo acompañada por cambios en las presidencias de casi todas las empresas públicas: Telefónica, Repsol, Endesa, Argentaria (luego se fusionaría con el BBV), Tabacalera (ahora Altadis), Iberia... Ahora, ocho años después, el PSOE ha vuelto al poder. Los inversores se preguntan, tras la sorpresiva victoria socialista, si se producirían cambios en las cúpulas de esas empresas, pero han cambiado los tiempos y ahora se rigen por estatutos de empresas privadas por lo que la preponderancia del Gobierno, aunque haya cambiado el signo, es muy relativa.
Siempre hay posibilidad de relevos, pero los primeros mensajes del PSOE es que no se entrometerá en la gestión de las empresas privatizadas. No obstante, no se pueden olvidar las duras críticas socialistas contra el "manejo" y el "amiguismo" del PP en dichas sociedades. A pesar de todo, en foros empresariales corre una frase malvada: "Es más fácil luchar contra una OPA hostil que mantenerse al frente de una empresa si el ministro y el Gobierno de turno no lo quieren". El mapa de las empresas privatizadas está de la siguiente forma:
El PSOE criticó el "amiguismo" del PP en las empresas, pero ha dicho que no intervendrá
El Gobierno mantiene la 'acción de oro' en algunas empresas, pero no afecta a la presidencia
- Telefónica. Fue la empresa más beligerante, la más utilizada por el PP. En principio, el presidente José María Aznar colocó a su compañero de pupitre Juan Villalonga al frente. Una de sus misiones fue crear un gran grupo de comunicación afín al Gobierno. Al mismo tiempo instauró una nueva forma de dirigir la compañía que revolucionó los modelos de gestión en España, sobre todo por la las millonarias opciones sobre acciones que concedieron a los directivos. Pero tanta aceleración llevó al distanciamiento con el Gobierno y a que, en julio de 2000, fuera forzado a dimitir. Le sustituyó César Alierta, que presidía otra de las empresas privatizadas (Tabacalera) desde 1996.
Cuando Alierta llegó a Telefónica, la operadora ya había sido totalmente privatizada, proceso que finalizó el 18 de enero de 1997. El Gobierno se reservó una acción de oro, en vigor hasta 2007, con la que puede vetar la entrada de inversores no deseados en el capital del grupo (como ocurrió cuando Villalonga se quiso fusionar con la holandesa KPN), pero el Ejecutivo no puede recurrir a este instrumento para destituir al presidente.
Alierta, que se considera cercano al actual ministro de Economía, Rodrigo Rato, ha racionalizado la gestión y se ha desprendido de las participaciones en medios, lo que supuso críticas desde algunos foros de comunicación ligados a la derecha. Tras la llegada del PSOE, este hombre, que cumplirá 59 años el 5 de mayo, ha manifestado que se siente "relativamente joven" para seguir al frente de la compañía y que colaborará "proactivamente" con el próximo Ejecutivo socialista. En cualquier caso, el presidente de Telefónica es elegido o cesado por mayoría simple del consejo, formado por 19 miembros. Existe una excepción: cuando el candidato lleva menos de tres años en el consejo. Entonces requiere el 85% de los votos para ser nombrado presidente. Alierta era miembro del consejo de Telefónica desde enero de 1997.
- Repsol-YPF. La petrolera Repsol fue una de las primeras empresas públicas en acabar la privatización, que empezó en mayo de 1989 y acabó (el 10% del capital) en abril de 1997. Tras este paso, uno de los principales logros de su expansión fue la compra de la empresa argentina de yacimientos petroleros YPF. El Gobierno conservó una acción de oro que le otorgaba "un control remoto" de la compañía al frente de la que colocó a Alfonso Cortina desde junio de 1996, a instancias de Rato. Para entonces, Cortina ya llevaba un año en la petrolera como representante del BBVA en el consejo presidido entonces por Óscar Fanjul.
En Repsol el presidente es elegido o destituido por mayoría simple del consejo y en el caso de Cortina no hay, según un portavoz de la empresa, ningún tipo de blindaje que lo proteja. Cortina tiene un contrato mercantil con Repsol, y en caso de rescisión, el montante de la indemnización se desconoce. En 2003 Cortina percibió el año pasado 2,8 millones de euros en concepto de salario. El presidente es, además, el mayor accionista del consejo con 424.000 acciones, el 0,035% del capital.
- BBVA. El actual presidente del BBVA, Francisco González, agente de Bolsa como Alierta, llegó a la presidencia de Argentaria en mayo de 1996. Fue el primer presidente que colocó el PP cuando llegó al poder, en sustitución de Francisco Luzón. Culminó la privatización de la entidad en 1998 y en octubre de 1999 fusionó Argentaria con el BBV. A pesar de que la ex entidad pública aportaba sólo el 35% de los activos del nuevo BBVA, González logró un acuerdo de fusión por el que quedaría como presidente único tras la jubilación de Emilio Ybarra. No tuvo que esperar tanto. En diciembre de 2001 estalló el escándalo de las cuentas secretas de Jersey y González asumió la presidencia en solitario, tras dimitir Ybarra y forzar la salida de 19 consejeros del antiguo BBV.
González se mostró fervoroso animador de la política económica del PP en la última junta de accionistas, celebrada cuando ya había comenzado la pasada campaña electoral. Su alineamiento político ya había quedado patente cuando decidió prescindir de Miguel Sebastián, director del Servicio de Estudios del banco y ahora posible ministro con el PSOE, en enero de 2003. Los informes de Sebastián criticando la actuación económica del Gobierno y apoyando a los socialistas, provocó que González le destituyese. En el futuro se le puede encontrar como ministro o en todo caso, asesor de Zapatero.
Nadie ha hablado de cambios, pero González ha sido previsor: uno de los acuerdos de fusión, todavía vigente, establece que para cambiar al presidente del banco es necesario el voto favorable de dos terceras partes del consejo. Está previsto que González ocupe la presidencia hasta 2010, cuando haya cumplido 65 años.
- Endesa. La primera eléctrica española, Endesa, es una de las tres grandes compañías privatizadas en las que se mantiene la llamada acción de oro, que faculta al Gobierno para impedir operaciones no deseadas. En el caso de Endesa, expira en 2008. Tiene, por tanto, carácter temporal y sólo afecta a inversores públicos. El Estado todavía conserva el 2,95% del capital. En la empresa no hay medidas de blindaje. Las hubo durante más de dos años (2000-2003), cuando se cambiaron los estatutos y se aprobó que para ser presidente habría que tener tres años de antigüedad como consejero. Sin embargo, el año pasado, se eliminó y la única limitación para ser presidente es ser consejero y no tener más de 70 años.
Endesa, que fue durante años la "joya de la corona" del sector público empresarial, una auténtica máquina de hacer dinero, está presidida desde el 14 de mayo de 2002 por Manuel Pizarro, un turolense de 52 años que orientó al PP en varios de los nombramientos en empresas públicas en 1996, pero que guarda muy buenas relaciones con el PSOE. Pizarro llegó al consejo de Endesa en octubre de 1996 cuando el 67% del capital era público, y antes de que el PP sustituyese a Feliciano Fuster por Rodolfo Martín Villa. En julio de 1998, pasó a ser vicepresidente. Compartió consejo con el hoy ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; con el presidente del BBVA, Francisco González, y con José Manuel Fernández Norniella, presidente de Ebro-Puleva. Incluso llegó a ser designado el presidente del nuevo grupo resultante de la fusión Endesa-Iberdrola, que naufragó.
- Altadis. El hoy copresidente de Altadis, Pablo Isla, fue nombrado consejero y copresidente de la empresa tabaquera hispanofrancesa el 31 de julio de 2000. Procedía del Banco Popular donde estuvo entre 1998 y esa fecha. Sustituía a César Alierta, que acababa de ser nombrado presidente de Telefónica para relevar a Juan Villalonga, y además accedía a un puesto en el consejo de la firma de telecomunicaciones. Su nombramiento no estuvo exento de polémica, ya que Isla había ocupado el cargo de director general del Patrimonio del Estado -el grupo que controlaba las participaciones de varias empresas públicas, entre ellas Tabacalera- entre 1996 y 1998. En abril de ese año, se terminó la privatización de Tabacalera con la venta en Bolsa del 52,36%. En octubre de 1998, se fusionó con la francesa Seita y se creó Altadis. En la actualidad 100 inversores institucionales (principalmente fondos de inversión de Estados Unido, Reino Unido, Francia y España) se reparten el 85% del capital. El resto está en manos de 200.000 pequeños accionistas. El Estado posee el 2% del capital que se quedó en el proceso de privatización. No tiene núcleo estable ni accionista de referencia. Se estableció acción de oro hasta 2006, pero se suprimió tras la fusión. No cuenta con ninguna medida de blindaje ni existe periodo para que la presidencia pase a ser única. En la actualidad, el consejo está formado por 18 miembros incluyendo a los dos copresidentes. De ellos nueve son de nacionalidad española y otros tantos franceses.
- Iberia. La privatización de Iberia fue una de las más importantes, y difíciles, llevadas a cabo por la SEPI. La compañía, antes de ponerse en venta, tuvo que someterse a un duro plan de viabilidad, firmado en 1995, que incluyó, por primera vez, la reducción salarial de la plantilla y un pacto de productividad con el sindicato de pilotos, el SEPLA. Fueron los pasos previos del largo proceso de privatización.
El cambio de Gobierno en 1996 lleva a la presidencia de la compañía pública a Xabier de Irala. Llegó al cargo a propuesta de José Manuel Fernández Norniella, hombre muy próximo a Rato, con quien fue secretario de Comercio. Irala, que provenía de ABB (como Norniella y como el actual presidente, Fernando Conte), sustituyó a Javier Salas el 26 de julio de 1996. Su gestión se caracterizó por alejarse de veleidades políticas.
Después de intensos contactos con varias compañías europeas, el 12 de febrero de 1999 la SEPI cierra la venta del 10% de Iberia a British Airways (el 9%) y American Airlines (1%). Luego dio entrada a otros inversores privados.
Irala, en la actualidad presidente de la caja de ahorros vasca BBK, permanece en la presidencia de Iberia hasta el 12 de junio de 2003, fecha en la que le sustituye Fernando Conte, consejero desde hacía dos años. Es el primer presidente de Iberia nombrado según el procedimiento habitual de cualquier sociedad cotizada. Su puesto en el consejo lo ocupa Norniella.
El Gobierno tiene en la compañía la acción de oro, que estipula la necesidad de contar con autorización administrativa para alterar el accionariado, y no interfiere en los cambios en los órganos de dirección. Está vigente hasta 2006.
Información elaborada por Cristina Galindo, Fernando Gualdoni, Íñigo de Barrón, Santiago Carcar, Santiago Hernández y Belén Cebrián.
![César Alierta, presidente de Telefónica; Manuel Pizarro, presidente de Endesa, y Alfonso Cortina, presidente de Repsol.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/L2BKXD3DAN6USX4JN2PVPNGGKA.jpg?auth=771992401d662f137c910f5a8b6b54ce323aa5cc17d77173f7d3214c775ebc38&width=414)
Horizonte tranquilo en Caja Madrid
Miguel Blesa, que llegó a presidente de Caja Madrid con el apoyo explícito de José María Aznar, parece no tener complicaciones en el panorama. La composición actual del consejo, dominado por el PP, garantiza la presidencia de Blesa ya que no se reelegirá a la mitad de los consejeros hasta 2006. Además es necesario dos tercios de este órgano, 14 vocales, para nombrar un nuevo presidente, algo imposible de lograr sin el apoyo de los populares. Caja Madrid es más sensible a las elecciones municipales y autonómicas que a las generales ya que son los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid la que conforma su Asamblea General.
Esta entidad vivió fuertes borrascas con las últimas elecciones autonómicas de Madrid, en junio pasado. Rafael Simancas, candidato socialista que inicialmente tuvo la mayoría del parlamento madrileño, anunció su intención de relevar a Blesa. Tras perder dos apoyos parlamentarios en el PSOE, accedió el PP y el PSOE salió de la comisión ejecutiva de Caja Madrid. Transcurridos seis meses de la batalla, se negocia el regreso de los socialistas.
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