Gallardón prepara un "plan de choque" en Lavapiés para evitar que sea un "gueto"

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, admitió ayer que las "políticas de integración" del Ayuntamiento han fallado en el barrio de Lavapiés (Centro), y que la proliferación de "irregularidades económicas y actividades no legales" -venta de productos falsificados, concentración de comercios mayoristas en pleno centro urbano- ha derivado en un "cambio de estructura social": "Se ha producido, en lugar de la integración que buscamos, un desplazamiento de los [antiguos] vecinos por la pérdida de su entorno, y eso ha roto las políticas de integración y las políticas de ausencia absoluta de guetos que nosotros pretendemos para la ciudad de Madrid".

Para frenar ese proceso que amenaza con crear un gueto multicultural "no integrado" en la capital, Ruiz-Gallardón está preparando un "plan de choque" que pretende mejorar el barrio "desde el punto de vista urbanístico, de seguridad, de equipamientos públicos y de movilidad", según explican desde la Oficina del Centro. Ese plan incluiría la modificación de ciertas ordenanzas, por ejemplo para "prohibir el hacinamiento" de inmigrantes en casas diminutas. "No se puede tolerar el alquiler de sofás por horas, eso va en contra de cualquier política de igualdad y sólo genera marginación", señalan estas fuentes. En Lavapiés, el 31% de los residentes son inmigrantes.

También se tomarán medidas para "limitar la extensión del comercio mayorista": la ordenanza impedirá abrir más comercios de este tipo en el futuro -hay cientos en todo el barrio- y establecerá fórmulas para "desplazar a polígonos industriales" los ya existentes. Para ello, se hará primero una inspección y se cerrarán aquellos comercios "que no cumplan con la normativa". A los que sí sean legales "se les propondrá un traslado", aunque no se les podrá obligar a irse. El verano pasado, la Concejalía de Economía realizó una inspección de estos comercios mayoristas en Lavapiés y abrió "más de un centenar de expedientes".

El plan de choque será "consensuado" con las asociaciones del barrio -"con las de corte tradicional y con el movimiento asociativo alternativo", aseguran en el gobierno municipal- y viene a sumarse al proyecto de rehabilitación urbanística de la zona (financiado a medias con la Comunidad), que comenzó en 1997 y terminará en 2006. Urbanismo aprobó ayer la última partida para ese plan de rehabilitación: 7,5 millones de euros. Hace cuatro años, tras la alarma provocada por la llamada banda del pegamento, se impulsó, además, un plan de atención social y educativa, también conjunto, con un presupuesto de 21 millones.