La llegada del PSOE al Gobierno central obliga a Aguirre a revisar 15 de sus planes

La llegada al Gobierno central del PSOE va a provocar un nuevo equilibrio político en la Comunidad. La cohabitación entre el Gobierno regional de Esperanza Aguirre (PP) con el que forme el nuevo presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, obligará a revisar, al menos, 15 convenios ya establecidos. Las Bescam -proyecto que pretende llevar nuevos agentes a los municipios de más 25.000 habitantes-, las obras iniciadas por el Ministerio de Fomento y algunos programas sociales, que paga el Estado y canalizan los ayuntamientos y la Comunidad, quedan en el aire.

- Estatuto de Autonomía. Esperanza Aguirre pretendía, y así lo anunció durante la campaña, modificar el Estatuto de autonomía para dividir la Comunidad en circunscripciones electorales. Necesita el apoyo de Congreso.

- Bescam. El Estado prometió colaboración para implantar las Brigadas de Seguridad Ciudadana (Bescam) en los municipios de más de 25.000 habitantes. Este compromiso figura en el programa electoral.

- Estación de Alonso Martínez. ¿Qué va a pasar con el túnel de cercanías entre Atocha y Nuevos Ministerios? Fomento se comprometió a pagar el 55% de la futura estación de Alonso Martínez (el Gobierno regional pondría el 30% y el 15% restante el Ayuntamiento de la capital). La Comunidad estudiaba además llevar el metro a la segunda terminal del aeropuerto de Barajas, pero ahora puede volverse atrás bajo el argumento, ya adelantado por el consejero de Transportes e Infraestructuras, de que no es "una obra social".

- Financiación del billete de metro. El Ministerio de Hacienda aporta una cantidad al Consorcio de Transportes - del que forman parte Renfe, el Ayuntamiento y la Comunidad- para financier el billete de metro. Gracias a esta aportación, el usuario sólo paga en estos momentos el 53% de este billete. El convenio está vencido y pendiente de negociación; si no se renueva repercutirá en la tarifa.

- Plan de vivienda. Los planes de vivienda de la Comunidad se nutren, en parte, del dinero que aporta Fomento. Con la llegada del Gobierno socialista, podrían verse disminuidas las ayudas para vivienda en detrimento de otras comunidades autónomas que consideren más necesitadas.

- Ley del Menor. El Estado puede pedir que se aumenten las plazas para albergar menores y ahora mismo la Comunidad no está en condiciones de cumplir este requisito, ya que no hay más reformatorios donde internar a estos jóvenes. La Consejería de Servicios Sociales tendría que ampliar sus presupuestos para construir más centros.

- Plan de infraestructuras de Madrid. Esperanza Aguirre le pidió al Estado un plan de infraestructuras que incluía la terminación de M-50 y la construcción de la R-1 y M-60. Estos proyectos están pedientes de negociación con el nuevo titular de Fomento.

- La M-501. Esperanza Aguirre quiere el desdoblamiento de esta vía y así lo ha anunciado. Pero para llevar a cabo las obras debe salvar el hecho de que es zona ZEPA (área especial protección ambiental). Eso impediría el desdoblamiento de esta carretera, algo que piden con insistencia los grupos ecologistas.

- Horarios comerciales. Rodrigo Rato, ministro de Economía en funciones, al hablar de la Ley de Horarios Comerciales propuso su liberalización. El nuevo Gobierno puede hacer una nueva ley y limitar la capacidad de Aguirre para aprobar la apertura de los comercios los festivos.

- Financiación de las universidades. Gustavo Villapalos, siendo consejero de Educación con el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón, firmó con las universidades subvenciones especiales para mejorar los centros y aumentar el número de profesores. El actual consejero, Luis Peral, es reticente a cumplir este acuerdo, por lo que ha habido protestas de los rectores. La Comunidad de Madrid pensaba recurrir al Estado para conseguir la financiación necesaria y cumplir con estos compromisos.

- Juzgados de Menores. Estaba previsto establecer juzgados para delitos menores en los municipios de la Comunidad de Madrid de más de 25.000 habitantes. Se trata de un proyecto diseñado por el consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, aunque pagaba casi íntegramente José María Michavila, ministro de Justicia.

- Red básica de servicios sociales de los municipios. El dinero para el mantenimiento de estos centros lo da el Estado y lo reparte la Comunidad de Madrid.

- Red de teleasistencia. Es un convenio que firman las comunidades con los municipios, pero el dinero lo aporta el Estado.

- Inmigrantes. El programa de apoyo social a inmigrantes lo paga el Estado, aunque lo gestiona la Comunidad.

- Discapacitados. Las subvenciones para discapacitados provienen del Estado. La Comunidad las reparte.