Detenidos en Bélgica dos presuntos etarras en aplicación de la 'euroorden'

La policía belga detuvo ayer en aplicación de la euroorden, a petición de España, a los presuntos miembros de ETA Luis Moreno Ramajo y Raquel García Arranz, cuya extradición fue solicitada en 1996, sin que la Justicia belga respondiese nunca al requerimiento. Tras la entrada en vigor de la euroorden en España y Bélgica, el pasado 1 de enero, la Fiscalía reiteró la solicitud ahora con resultado positivo, informaron fuentes jurídicas.

Los dos presuntos miembros de ETA se encuentran procesados desde 1993 por pertenencia a banda armada, según un auto dictado en su día por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Los presuntos etarras están acusados en España de haber alojado a principios de los años noventa en su domicilio de Sopelana a miembros del comando Vizcaya, entre ellos, a Juan Ramón Rojo González y Kepa Urra Guridiantes, arrestados en enero de 1992 y condenados por el asesinato de un policía.

Tanto Moreno Ramajo como García Arranz llevan 10 años residiendo en Bélgica. Cuando en 1996 se solicitó su extradición, el Gobierno belga se negó a presentar una demanda a su Consejo de Estado para autorizarla. El entonces ministro belga de Interior, el flamenco Van de Lanotte, se negó a la extradición, porque no se podía "tratar a dos vascos como si fueran criminales".

Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco procesó el viernes pasado al supuesto miembro del comando Ekaitza de ETA Ibai Ayensa Laborda, cuya puesta en libertad el pasado 23 de febrero por el magistrado provocó la suspensión de éste de sus funciones desde el lunes. Ibai Ayensa se encuentra de nuevo en prisión desde el pasado día 5 por orden del juez Baltasar Garzón, que reabrió una causa por kale borroka (violencia callejera) de 1999.

Ruiz Polanco había decretado la excarcelación de Ayensa al haber transcurrido el plazo legal de prisión provisional sin que se decidiese su prolongación. Este hecho, junto con la tardanza de más de dos años en procesarlo, decidió la suspensión del juez.