Un estudio desvela que sólo el 9% de la oferta de viviendas en Castellón es para alquiler

Las viviendas de alquiler en la provincia de Castellón son "pocas y caras", según el estudio presentado ayer por la Unión de Consumidores (UCE). El análisis pone de manifiesto que en la ciudad de Castellón sólo se destina a alquiler el 9% de las viviendas de segunda mano, mientras que en el resto de la provincia alcanza el 28%. Sin embargo, según destaca el estudio de los consumidores, si se tiene en cuenta toda la oferta inmobiliaria, tanto de segunda mano como vivienda nueva, el porcentaje de la disponibilidad de pisos en alquiler se reduce al 1%.

Más del 50% de la oferta es de pisos amueblados, lo que causa reclamaciones

La Unión de Consumidores de Castellón (UCE) ha realizado un estudio sobre la oferta de viviendas en la provincia en el que concluye que las destinadas al arrendamiento son "pocas y caras", tal como señaló ayer el secretario general del colectivo, Juan Carlos Insa. El análisis, que se ha realizado sobre la oferta que efectúan directamente los propietarios, señala que tan sólo un 9% de la oferta inmobiliaria de viviendas usadas en la capital de La Plana se destina al alquiler, mientras que en el resto de la provincia el porcentaje se eleva hasta el 28%. Este índice se queda en un escueto 1% si se computan también las viviendas nuevas.

La UCE inició el estudio al comprobar el "disparatado" incremento del precio de la vivienda, tanto nueva como de segunda mano, en Castellón. Para la asociación de consumidores y usuarios, las razones de este incremento son la "nula política" de viviendas de protección oficial, los bajos tipos de interés (que provocan una tendencia a la compra) y el desvío de capitales al mercado inmobiliario ante los bajos rendimientos que ofrece la renta variable.

Centrado en las opciones de arrendamiento, el estudio se ha fijado en los precios que los propietarios de los pisos reclaman por su alquiler, que varía dependiendo de si está amueblado o no. En el caso de la ciudad de Castellón, el precio medio del piso en alquiler amueblado es de 600 euros al mes, mientras que sin amueblar alcanza los 500 euros. Sin embargo, la UCE ha querido hacer constar las diferencias entre unos barrios y otros, ya que mientras en el centro de la ciudad los precios de los pisos amueblados para alquilar alcanzan los 900 euros, en el distrito marítimo los arrendamientos descienden un 15%. Aún así, el inmueble de alquiler más barato se ha encontrado en un barrio periférico, en el grupo San Lorenzo, en el que se piden 250 euros por el alquiler de una vivienda. En el resto de la provincia, los amueblados tiene un precio medio de 450 euros al mes, mientras que los que se alquilan sin amueblar sitúan la media en 400 euros. En cualquier caso, el estudio revela que los precios disminuyen conforme las poblaciones están más alejadas de la capital de La Plana. Con estos precios, según Juan Carlos Insa, los alquileres "quedan fuera del poder adquisitivo de los sectores de la población que, en principio, deberían estar más interesados en esta fórmula como son los jóvenes, las personas mayores o los inmigrantes".

Entre las ofertas estudiadas, más del 50% corresponde a pisos amueblados lo que, según el secretario general de la UCE en Castellón, en muchas ocasiones, provoca reclamaciones sobre el estado en el que se encuentra el mobiliario. Además, "cada vez con mayor frecuencia", el propietario reclama "solvencia" a los arrendatarios, mientras que se ha detectado un incremento del alquiler de habitaciones.

Tras la realización del estudio, la UCE ha presentado unas propuestas encaminadas a incrementar la oferta de viviendas en alquiler. Así, el asesor jurídico de la UCE, Enric Pallarés, planteó como medidas el acortar los plazos de los procedimientos de desahucio y hacer que éstos sean preferentes respecto a otros de materia civil. Garantizar el pago de las rentas a los propietarios por parte de la Administración, siempre que el procedimiento de desahucio dure más de dos meses desde su solicitud y siempre que la renta sea inferior al 75% del salario mínimo interprofesional, son otras de las posibilidades planteadas por la Unión de Consumidores.