El PP impide que el Congreso pida el informe que advirtió sobre los aviones

La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso rechazó ayer la petición del PSOE de que se exija al Gobierno el informe que advertía sobre el mal estado de los aviones utilizados para trasladar tropas a Afganistán. La existencia de este informe, firmado por un teniente coronel el Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET) el 28 de abril de 2003, casi un mes antes del accidente del Yak-42, fue revelada por EL PAÍS el pasado 23 de febrero. El Ministerio de Defensa alegó que su contenido íntegro figuraba en uno de los partes de incidencia remitidos al Congreso. Sin embargo, dicho parte no incluía la recomendación de utilizar vuelos chárter.

El PP, que tiene tres representantes en la Mesa frente a dos socialistas, se opuso a la petición con el argumento de que las Cortes están disueltas y sólo pueden ejercer las funciones previstas en la Constitución: convalidar decretos-leyes y ejercer las competencias previstas para los estados de alarma, excepción y sitio.

La socialista Amparo Rubiales criticó la "interpretación restrictiva" del reglamento del Congreso que hace el PP y alegó que hay que diferenciar los asuntos pendientes, que caducan al disolverse las Cortes, y el derecho a la información de los diputados.

"Secreto sumarial"

Por su parte, el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, eludió ayer pronunciarse sobre las irregularidades en la identificación de las víctimas del Yak-42 alegando que "muchos de los informes o documentos que se están citando [en los medios de comunicación] pueden estar bajo secreto sumarial y, en consecuencia, tenemos que ser muy escrupulosos y muy cuidadosos con manifestarnos en torno a esos temas".

Tras participar en un acto electoral del PP en Alicante, dijo que "se trata de una materia que afecta a la privacidad de los fallecidos, a la de sus familias y, desgraciadamente, también al dolor", por lo que dijo no querer polemizar.

Sobre el proceso de identificación de los cadáveres dijo que fue "muy complejo" y se hizo "bajo la fiscalización de la jurisdicción turca", por lo que "entrar en esos extremos técnicos no contribuiría a tranquilizar a las familias", según informa Efe.