Los empleados de los parquímetros convocan cuatro días de huelga

Los 500 empleados encargados de controlar el estacionamiento de vehículos en las zonas reguladas por parquímetros realizarán su primera huelga el próximo jueves, 11 de marzo. La reunión mantenida ayer con las tres empresas adjudicatarias de ese servicio municipal terminó ayer de nuevo sin acuerdo. Los empleados, que cobran 600 euros al mes, reclaman que Madrid cuente con un convenio colectivo y salarios similares a los que perciben los controladores de otras provincias.

Las movilizaciones que están protagonizando desde mediados de febrero los empleados de las empresas que gestionan el Servicio de Estacionamiento Regulado (de las empresas Dornier, Setex-Sufi y Eysa) parecen abocadas a acabar en un conflicto abierto. Emilio Cardeno, de la Federación de Transporte de UGT, confirmó ayer que mantienen la convocatoría de huelga para los días 11, 17, 24 y 25 de marzo.

Los sindicatos ya presentaron el pasado 27 de febrero ante la Administración la documentación para la jornada de huelga prevista el día 11, pero confiaban en llegar a un acuerdo en las dos reuniones celebradas el pasado lunes y ayer en el Instituto Laboral.

Para ello los empleados han rebajado parte de sus peticiones, pero las negociaciones han encallado al abordarse los aspectos salariales, según explicó Cardeno. Los controladores de las zonas de parquímetros, con turnos de trabajo y condiciones muy dispares según las empresas reclaman, ante todo, que su actividad se desarrolle en Madrid con un convenio colectivo similar al existente en Barcelona o Pamplona.

Durante las negociaciones los controladores del SER han cedido en aspectos relativos a las vacaciones y jornada laboral, pero mantienen sus demandas de un aumento salarial que aproxime sus sueldos a los que perciben los controladores de otras ciudades. "Cobramos 600 euros al mes y en Madrid, con 600 euros no se vive", explicaba Marga, delegada de CC OO en la concentración que realizaron un centenar de controladores el día 26 ante el Ayuntamiento.

Los controladores reclaman un salario de 900 euros mientras que la oferta de las empresas consiste en un aumento del IPC más un punto. Reclaman asimismo contar con algún tipo de protección y percibir un plus de peligrosidad por los riesgos que corren al realizar su tarea. En ese sentido han denunciado en reiteradas ocasiones las agresiones sufridas por los conductores irritados al ser sancionados.

El gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón ha eludido mediar en el conflicto pese a que el SER es un servicio municipal y durante su trabajo los controladores realizan tareas propias de la Policía Municipal.