Michavila admite retrasos en la creación del registro único de violencia doméstica

A pesar de que se anunció como inminente el pasado diciembre, el registro único nacional sobre violencia doméstica no está en marcha y tardará porque queda por pronunciarse el Consejo Jurídico Consultivo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así lo admitió ayer José María Michavila, ministro de Justicia, quien afirmó que ignoraba cualquier beneficio fiscal de familiares suyos asociados con un hermano de Carlos Fabra.

"No tengo nada qué decir, desconozco a qué se refiere", afirmó el ministro de Justicia, José María Michavila, al ser preguntado sobre los beneficios fiscales obtenidos por familiares suyos que comparten sociedad de gestión de inversión con José Alberto Fabra, hermano del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Michavila aseguró desconocer que familiares suyos formen parte de la sociedad Tehys Inversiones, en Castellón, en cuyo consejo de administración coinciden con José Alberto Fabra.

De lo que sí habló Michavila fue del registro de violencia doméstica de ámbito nacional, una iniciativa que presentó su ministerio el pasado diciembre en la Ciudad de la Justicia, que anunció como "inminente" y que dio como "probable" para el pasado enero y que no ha empezado a funcionar. Según el titular de Justicia "quedan pendientes los informes jurídicos, entre ellos el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "tras lo que podremos poner en marcha la iniciativa", dijo. El proyecto pretende crear una base de datos con los asuntos de violencia doméstica, accesible desde cualquier oficina judicial del territorio español. Ese fondo partirá de cero e ignorará los datos acumulados por otros registros, como el Vida o el de Fiscalía.

El ministro también admitió que el convenio que hace escasamente diez días firmó en el Palau de la Generalitat con los alcaldes de Valencia, Alicante, Castellón y Elche para la aplicación de juicios rápidos en materia de tráfico -en cuyo acto estuvieron quienes ayer le acompañaban en la comparecencia ante los medios de comunicación en la Delegación de Gobierno tras reunirse con responsables de la Administración, las policías y la Guardia Civil, como eran el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el consejero de Justicia, Víctor Campos, y el delegado del Gobierno, Juan Cotino- no sabe cuándo entrará en vigor porque "depende de que se vaya formando a los policías locales en esa materia de juicios rápidos".

En el día en que se cumplían los diez meses de puesta en marcha de los juicios rápidos, Michavila cuantificó los celebrados en el conjunto del Estado en 162.668, de los que 18.069 se han visto en la Comunidad Valenciana. El ministro negó que los juicios rápidos lesionaran el derecho a la defensa como afirman voces críticas desde la abogacía, y admitió que entre el 35% y 40% de las causas que entran como juicio rápido son conformidad, al tiempo que señaló que entre el 15% y el 20% del total sufre cambios en la calificación inicial sobre los hechos.