Expropiaciones

A mi padre también le expropiaron. Fue un pedazo pequeño de terreno dentro de una finca de labor que heredó. Había que erigir allí una torre de alta tensión y tuvo la mala suerte de que el punto idóneo estaba situado en medio de esa finca. Le impusieron un precio ridículo, solo tuvieron en cuenta la superficie, no el perjuicio que ocasionaba y la indemnización fue miserable. Cuando traté de interponer un recurso, los propios funcionarios que tramitaban el expediente me aconsejaron, creo que honradamente, que no lo hiciera porque al final nos iba salir más caro el collar que el perro. Comprendí que tenían razón y salí de allí con los cuatro duros para mi padre y una sensación de impotencia irritante.

Si aquel episodio sin mayor trascendencia me dejó fatal, ¿qué sentirán las 2.500 familias cuyas tierras fueron expropiadas para construir las radiales de peaje aquí en Madrid? Son en su mayoría agricultores a los que hace tres años les llegó una comunicación del Ministerio de Fomento anunciándoles que sus terrenos iban a ser enajenados con carácter inmediato.

Dicho y hecho, enseguida se pusieron en contacto con ellos los de Accesos Madrid, la concesionaria que gestiona las radiales 3 y 5 , para ofrecerles por cada metro cuadrado de terreno expropiado dos cochinos euros. Recuerden que estamos hablando de tierras que muchos de ellos cultivaban y constituían, por tanto, su forma de ganarse la vida.

Esta gente recurrió al Jurado Provincial de Expropiación, organismo encargado de establecer un justiprecio cuando no hay acuerdo, y que estableció las indemnizaciones entre los 11 y los 23 euros por metro. Es decir hasta once veces mas de lo que los señores de las constructoras habían decidido pagar. Esta diferencia abismal entre lo que pretendían pagarles y lo que un jurado técnico neutral consideró justo da buena idea de hasta que punto trataron de robarles vilmente la cartera. Cuando los propietarios esperaban cobrar sus indemnizaciones en la confianza de que aun quedaba algo de justicia el señor Ministro de Fomento, más conocido como Francisco Álvarez Cascos, decidió declarar lesivo para el interés público el justiprecio decretado por el jurado. Es decir, que el Ministerio que dirige don Francisco intervino para velar realmente por los intereses de las siete constructoras que forman la empresa concesionaria y en contra de los ciudadanos que resultaron perjudicados. Para que se hagan una idea del tremendo quebranto que les causan, el asunto pasa ahora al Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien decidirá, después de años de litigio y gastos en abogados, cuál ha de ser el precio justo. Pónganse en la piel de los afectados e imaginen cómo se les ha quedado el cuerpo después de quitarles las tierras y saber que la indemnización, tal y como funciona aquí la justicia, igual la cobran sus nietos.

Hay casos especialmente sangrantes como el del propietario de unas fincas de Navalcarnero en las que su familia cultivaba la vid y el cereal desde hacía tres generaciones. El trato fue tan expeditivo que la enajenación fue ejecutada 15 días antes de la vendimia y ni siquiera le dieron permiso para recoger la cosecha.

Otro asunto que huele también a chamusquina es el de la desmesurada magnitud de la superficie expropiada. Cada radial necesita una franja de 60 metros de ancho y el propio Tribunal Superior de Justicia ha pedido al Ministerio de Fomento que le explique qué pretende hacer con los 120 metros cuadrados sobrantes.

Ni que decir tiene que quienes están sufriendo en sus carnes el atropello piensan que con el excedente de terreno al borde de la autopista alguien terminará forrándose. La historia de Madrid ofrece ejemplos notables de grandes negocios que se han hecho con terrenos también expropiados invocando el interés público. Ahí están, sin ir más lejos, las torres inclinadas de Plaza de Castilla erigidas sobre un suelo que en su día le fue enajenado a sus legítimos dueños para dotaciones ferroviarias. Habrán observado que el tren no pasa entre los edificios pero, en cambio, unos señores con gabardina recogieron vagones de oro con las plusvalías. Los políticos que son débiles con los fuertes y fuertes con los débiles permiten cosas así.