La Audiencia denunció la "paralización" del proceso contra el 'comando Urbasa'

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional denunció el pasado 4 de diciembre "una indebida paralización del procedimiento" que se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 1, cuyo titular es el juez Guillermo Ruiz Polanco, contra los presuntos integrantes del comando Urbasa de ETA Mikel Soto Nolasco, Ainhara Gorostiaga Escubi, Aurken Sola y Jorge Chocarro. Los presuntos etarras, que estos días cumplen los dos años de prisión preventiva, fueron procesados ayer por delitos de pertenencia o colaboración con la banda terrorista ETA.

La Sección Segunda de lo Penal destacaba en diciembre, al resolver sendos recursos de apelación de los presuntos integrantes del comando Urbasa, las declaraciones policiales realizadas por Ainhara Gorostiaga, en presencia de abogado de oficio, el 27 de febrero de 2002. En ellas, reconocía pertenecer a ETA desde febrero de 2000 y afirmaba que fue captada por un tal Eneko, que propuso formar el talde (grupo) con Mikel Soto, Aurken Sola y Jorge Chocarro para recoger información de políticos locales y que los otros tres realizaron un curso de adiestramiento en el manejo de armas en el que ella no quiso participar. Además contaba que ETA había proporcionado a Soto, teórico jefe del grupo, dos pistolas y dos bombas lapa, y que el comando había matado al concejal de UPN en Leiza José Javier Múgica Astibia y había intentado colocar otra bomba lapa en el coche de un concejal socialista en Berriozar (Navarra).

Sin datos en la causa

A esa declaración se sumaba la que Ayensa realizó en otro procedimiento en la que decía que Soto le había captado para ETA. También en su declaración policial, Soto reconocía pertenecer a un comando de información. "Ninguna de estas declaraciones consta en la causa, aunque sí la judicial de Mikel Soto", en la que se desdice de la anterior, señala el tribunal.

La defensa denunciaba que la causa estaba paralizada y que no había indicios contra los presos. Sin embargo, el tribunal destacó que se había "puesto de manifiesto la existencia de importantes indicios de criminalidad". No obstante, daba la razón a la defensa al señalar que "se evidencia una indebida paralización del procedimiento". Estimaba la Sala que "son posibles la realización de múltiples actos de instrucción tendentes a la comprobación de las declaraciones policiales".

Por último, señalaba que no existía "auto de procesamiento ni concreción de la imputación hasta el punto de desconocerse" si en este sumario se persigue la muerte de José Javier Múgica, que es competencia del Juzgado de Baltasar Garzón. Nadie le había comunicado a éste la existencia de estas declaraciones. Ruiz Polanco dejó el lunes a Soto en libertad bajo fianza de 12.000 euros.

[La juez de instrucción de Madrid Carmen Valcarne notificó ayer el archivo de la denuncia por torturas del ex director del diario Egunkaria Martxelo Otamendi.]