Un centenar de comunidades de vecinos de la Casa de Campo exigen poder opinar sobre las obras de la M-30

Un centenar de presidentes de comunidades del barrio de Casa de Campo ha acordado exigir información al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre cómo afectará la proyectada remodelación de la carretera de circunvalación M-30 al tramo próximo a sus viviendas. Estos vecinos denuncian la "absoluta falta de información" por parte del Ayuntamiento tanto sobre el proyecto inicial utilizado para solicitar la exención de la declaración de impacto ambiental a la Comunidad como sobre los proyectos definitivos, "incumpliendo las promesas efectuadas durante la campaña electoral y posteriormente".

La asamblea de presidentes de comunidades tuvo lugar el pasado día 13 y fue convocada por la asociación de vecinos Colonia Manzanares. En ella se decidió también reclamar la obligatoriedad de la declaración de impacto ambiental para toda la obra, con un periodo de información pública "en el que todos los vecinos puedan opinar y presentar alternativas", y se propuso que la remodelación del tramo comprendido entre el puente del Rey y el puente de los Franceses "recoja las reivindicaciones de los vecinos del barrio de Casa de Campo". Por otro lado, expresaron su confianza en que las obras sirvan para resolver, "de una vez por todas", los deficientes accesos a su barrio y reduzcan la peligrosidad de esta vía.

Por otra parte, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, reiteró ayer que para reformar la M-30 Ruiz-Gallardón deberá respetar "ocho cuestiones" que ya ha planteado en varias ocasiones. Entre ellas, señaló el cuidado del patrimonio arqueológico, los controles sobre el ruido, la retirada de tierras y la protección del río Manzanares. Aguirre añadió que el estudio de impacto ambiental previo a las obras "no es una cuestión política", y aseguró que los técnicos regionales serán quienes decidan si es necesaria la declaración de impacto ambiental para reformar la M-30, aunque este trámite, en caso de ser obligatorio, retrase los trabajos más de un año. "Se trata de decidir cuáles son las medidas que mejor preservan el medio ambiente, pero sin condiciones más duras de lo normal", subrayó.