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COLUMNA

El pacto agrietado

Entre los restos del naufragio provocado por el surrealista encuentro mantenido a principios de enero en Francia por el secretario general de ERC y representantes de ETA, el pecio de mayor tamaño es el Acuerdo Contra el Terrorismo firmado el 8 de diciembre de 2000 por el PP y el PSOE. El documento no tuvo una génesis fácil: la propuesta de Zapatero fue acogida con desdén por Mariano Rajoy (entonces vicepresidente primero), que acusó al líder socialista de haber sacado un conejo de la chistera sólo para llamar la atención del público. El acuerdo tampoco ha disfrutado de una vida cómoda: pese al compromiso de "colaboración permanente, intercambio de información, actuación concertada y búsqueda de posiciones conjuntas" frente al terrorismo, el Gobierno de Aznar ha ninguneado sin piedad al PSOE siempre que ha podido. Finalmente, populares y socialistas no se mostraron dispuestos esta vez a negociar su acuerdo con los partidos nacionalistas que habían firmado, sin embargo, el Pacto de Madrid de 5 de noviembre de 1987 y el Pacto de Ajuria Enea de 12 de enero de 1988 contra el terrorismo.

La clave de arco del acuerdo de 2000 era privar "de toda esperanza a ETA"; esto es, hacer desaparecer cualquier posibilidad de que los nacionalistas intenten cobrar en el futuro "un precio político" por el abandono de la violencia terrorista, abstracción hecha de que la mayoría gobernante sea del PP o del PSOE. El documento condiciona cualquier "acuerdo político o pacto institucional" con PNV y EA al "abandono definitivo" y a la "ruptura formal del Pacto de Estella", firmado en 1998 por ambos partidos con el brazo político de ETA para emprender un camino en común hacia la independencia de una Euskal Herria formada por el País Vasco, Navarra y los territorios franceses ultrapirenaicos. Las discrepancias sobre los puntos dudosos de un contrato siempre son difíciles de resolver incluso si están animadas por la buena fe: las pasiones partidistas y el ventajismo electoral han transformado las cláusulas de este pacto político en un campo de minas.

Así, el PP infiere como corolario del acuerdo del año 2000 que la conversación mantenida por Carod con representantes de la banda terrorista y la posterior tregua de ETA circunscrita a Cataluña obligarían inexcusablemente al PSOE a romper cualquier alianza con ERC y a forzar -a través de los socialistas catalanes- su expulsión del Gobierno de la Generalitat. Pero el paso lógico de la extensión analógica automática a Cataluña del acuerdo suscrito para el País Vasco por PP y PSOE no parece bien fundado. ETA y ERC niegan que la tregua catalana anunciada hace una semana por la banda terrorista sea fruto de una negociación entre ambas partes; a diferencia de la tregua-trampa avalada por el Pacto de Estella, las contraprestaciones a pagar por los republicanos -el precio político por el cese de la violencia- tampoco resultan evidentes por sí mismas. Carod se asemeja más a un predicador pelmazo de Elkarri que a un dirigente ventajista del PNV o de EA.

Por el contrario, los populares han conculcado de manera tan flagrante como aventurera un acuerdo que les comprometía "a eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo". La brutal descalificación lanzada por la ministra García-Valdecasas contra los socialistas, supuestos culpables de haber "pactado en Cataluña con asesinos" al mantener a ERC en el Gobierno tripartito, es una obscena rebusca demagógica del voto. Ni la combinación de necedad intelectual y deslealtad política perpetrada por Carod al entrevistarse con la banda terrorista, ni las confusiones camufladas de maquiavelismo cometidas por Pasqual Maragall en el manejo de la crisis, ni las contradicciones internas del Gobierno tripartito en su diagnóstico de la violencia en el País Vasco son suficientes -pese a su indiscutible gravedad- para disculpar la manipulación realizada por el Gobierno en su dolosa interpretación del acuerdo de 2000. Todo hace suponer que el PP intenta aprovechar la ocasión para quedarse sólo en el escenario constitucional y destruir la posibilidad de una alternativa capaz de disputarle el poder a medio plazo: la vía es acusar ahora a Zapatero de compañero de viaje de ETA después de haberlo sido antes de Sadam Husein.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 25 de febrero de 2004