Los afectados por la LRAU agotarán todas las vías judiciales para defender su derecho a la propiedad

Los afectados por una indebida aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), que en algunos casos ven en peligro la propiedad de sus fincas, están dispuestos a mantener la batalla jurídica para defender el derecho a la propiedad.

La resolución de la Comisión Ejecutiva del Parlamento Europeo, desvelada la semana pasada, que descartaba utilizar la vía judicial ante los tribunales de Luxemburgo para estos afectados, circunscribe la defensa jurídica en una primera instancia al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia (TSJ) y después al Tribunal Supremo.

Bruselas entiende que en materia urbanística no hay legislación comunitaria y cada Estado es autónomo. No obsante, los afectados consideran que esta resolución es política y no jurídica, y sostienen que en materia de derechos fundamentales-como es el de la propiedad- sí que hay normativa comunitaria al respecto.

Ante esta situación un equipo de ocho abogados especialistas, coordinados por Jaume Sendra, abogado de la asociación Abusos Urbanísticos No, ha elaborado un informe interno en el que recuerdan cómo la Consejería de Territorio y Vivienda ha modificado en "tres ocasiones distintas" el proyecto de reforma de la LRAU. Los abogados consideran que el TSJ "empieza a emanar resoluciones que van a sentar jurisprudencia en la línea que defiende esta asociación y que incluso permitirán que el propio Tribunal pueda adoptar medidas cautelares de suspensión de algún plan urbanístico, siempre que esté debidamente fundamentado", dijo Sendra.

Los abogados explican que el Tribunal Constitucional "todavía no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, y sólo se pronunció en una ocasión sobre un aspecto formal". Los defensores de los afectados por los abusos urbanísticos reiteran que la indebida aplicación de la LRAU "vulnera, entre otros, el derecho fundamental de la propiedad que está recogido en los tratados europeos suscritos por el Estado Español". El abogado Jaume Sendra matizó que el tratado de derechos humanos europeos "forma parte del acervo del derecho comunitario, y por tanto exigible también ante el Tribunal de las Comunidades Europeas, cosa que se puede hacer vía TSJ como cuestión prejudicial".

Los afectados barajan tres línas distintas de actuación jurídica, las dos expuestas por Sendra y una tercera, como último recurso, que prepara un equipo de juristas británicos que está dispuesto a plantear un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para defender los intereses de los afectados.