2004, año de retos y cambios para las cooperativas agrarias

Coincidiendo con el 20º aniversario de su creación, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha llevado a cabo un proceso de reflexión sobre la situación actual de la organización y las empresas que representa, así como sobre la estrategia que seguir para el nuevo periodo que acaba de comenzar.

Colectivamente, con la finalidad de hacer coincidir los objetivos de las cooperativas con los de la FCAC, durante 2003 se elaboró un plan estratégico que finalmente se aprobó en asamblea general extraordinaria el pasado mes de noviembre. El proceso comportó un debate amplio en cuanto a contenido, acotado desde el punto de vista metodológico y con vocación de reflexionar sobre la estructura y funcionamiento de los principales pilares de la organización. Las principales conclusiones del plan confirman a la federación como referente e institución especializada de las cooperativas agrarias y el mundo rural.

Dicha reflexión resultó coincidente con la entrada de un nuevo Gobierno en la Generalitat de Cataluña y con el inicio en la aplicación de las políticas agrarias comunitarias, factores que marcarán, sin duda, la evolución del sector cooperativo durante 2004. Algunos aspectos clave, y obligatorios, que se desprenden de la nueva PAC (Política Agraria Comunitaria) son la importancia creciente del mundo rural, la necesidad de discutir el modelo de reforma que se aplicará en España a partir de 2006 y la decisión sobre el tipo de desacoplamiento que se va a implantar.

En este sentido, es preciso articular unas políticas que permitan reducir al máximo el peligro de abandono del cultivo, la disminución de la calidad y la deslocalización, con las graves consecuencias que ello tendría para las empresas cooperativas, caracterizadas por su ubicación territorial. En el contexto de reforma de la PAC, hay que estar especialmente atentos para que las próximas reformas de la Organización Común del Mercado (OCM) de sectores importantes (aceite de oliva, fruta, hortalizas, vino) no supongan trabas en el futuro, al mismo tiempo que se reclama, a los gobiernos estatal y autónomo en su papel de sustitutos ante la falta de directrices comunitarias, la prioridad de medidas destinadas a una eficiente estructuración del sector y a la orientación de las producciones al mercado.

La agroindustria cooperativa tiene una importancia vital en la reactivación del sector primario, el arraigo de la población -y los jóvenes- al territorio y el desarrollo del entorno rural, ya sea a través de pequeñas cooperativas que se erigen en motor económico del municipio o de potentes acuerdos de intercooperación que permiten llevar a cabo una importante concentración de la oferta. La cooperativa es la industria que actúa como proveedora de suministros a sus asociados, cliente de la producción de agricultores y ganaderos, contratista de mano de obra local, proveedor y cliente de servicios de la zona (cajas rurales, agrotiendas, arrendamiento de maquinaria...) y, en definitiva, constituye un esencial agente de impulso de la economía local.

En este sentido, las cooperativas asumen servicios no rentables pero sí imprescindibles en su entorno. Son un núcleo vertebrador del territorio y ofrecen servicios a los que, de otro modo, los habitantes de zonas rurales no podrían acceder. Asimismo, las cooperativas se hallan en plena expansión de sus servicios a la explotación, como la gestión de las tierras abandonadas, aspecto que cobra una especial importancia ante la perspectiva de un elevado número de jubilaciones en el sector y la gran cantidad de agricultores que trabajan a tiempo parcial. Deberían articularse, en consecuencia, mecanismos de compensación para estas empresas por los beneficios sociales que realizan en sustitución de la Administración o de la misma iniciativa privada.

Sin embargo, no tiene sentido fomentar la incorporación de jóvenes al campo o incrementar la modernización del sector mientras la finalidad última no sea producir lo que una fuerte agroindustria solicita, y a cambio de una retribución suficiente para mantener un nivel de renta que permita continuar con la actividad agraria. En el aspecto económico, dicha demanda se concreta en dotar presupuestariamente en cantidad suficiente las líneas de ayuda preestablecidas, en concreto la denominada línea G del Programa de Desarrollo Rural, conocida popularmente como Feoga y creada con el objetivo de una mejora de la transformación y comercialización de los productos agrarios. Asimismo, se considera básico seguir dotando al Plan de Modernización y Concentración de Cooperativas, impulsado por el Departamento de Agricultura, del presupuesto necesario para cumplir su función promotora de acuerdos de colaboración entre empresas cooperativas con la finalidad de agrupar el volumen de producto necesario para ser competitivos en el mercado.

Por su parte, la FCAC está preparada para facilitar y asesorar a sus asociadas en este proceso de adaptación a la nueva realidad política y económica. También se trabaja para facilitar la adecuación de las cooperativas y las explotaciones de los socios a los nuevos requisitos medioambientales, especialmente en el sector ganadero, se dirigen análisis sobre las fluctuaciones del mercado, se prestan servicios y, en definitiva, se dirige la representación del sector.

En dicho contexto, la nueva política agraria debe ser consecuente y reforzar el modelo cooperativo agrario catalán, reconocido por su diversidad y multifuncionalidad.

Xavier Tubert es presidente de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.