Una tregua que no es tregua

"Esto no es una declaración de tregua sino la expresión de ETA de que va a continuar con su campaña de asesinatos", dijo ayer el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, negociador por el Gobierno en las últimas conversaciones con ETA, en mayo de 1999. Una interpretación similar realiza Ramón Jáuregui, vicelehendakari socialista en tiempos de las conversaciones de Argel, de 1989, aunque añade que, en este caso, "hay una perversión política agregada en el intento de la banda de dividir a las fuerzas democráticas".

El Gobierno y el PSOE coinciden en que lo único en común en esta tregua con las anteriores es la "debilidad de ETA, ahora acrecentada", y "la necesidad de protagonismo de la banda que se ha aprovechado de la posibilidad que le ha ofrecido Carod Rovira". Pero a partir de ahí, nada es igual. "Esta tregua parcial no es un indicio de paz, pese a que en Batasuna se diga que en los próximos meses se extenderá al resto de España. Es un instrumento de ETA para seguir chantajeando y ejerciendo la violencia", señala Jáuregui.

Hubo en el pasado reciente varias treguas parciales -la de junio de 1996, de una semana; y la de noviembre de 1997, que colocó fuera de objetivo a la Ertzaintza, tras un pacto con ELA, y a los funcionarios de prisiones- y dos intentos de negociación que marcaron los límites de la banda.

El problema de los presos

Cuando en enero de 1989 ETA declara una tregua de 15 días y la prolonga dos meses más, el Gobierno del PSOE se sienta a negociar con la banda en un marco establecido en los Pactos de Madrid y Ajuria Enea, suscritos por todos los partidos democráticos, que daba margen al Ejecutivo para resolver el problema de los presos. ETA rompió la negociación cuando comprobó que el Gobierno no estaba dispuesto a realizarle concesiones políticas.

Lo mismo sucedió diez años después, en la tregua más larga de ETA, que se prolongó de septiembre de 1998 a noviembre de 1999. Fue en este caso el Gobierno del PP quien se sentó con la banda en Zúrich (Suiza) y también con el respaldo de los partidos democráticos, bajo los criterios marcados por el Pacto de Ajuria Enea: paz por presos. ETA la rompió cuando comprobó que ni el Gobierno, ni el PNV ni EA, estaban dispuestos a las concesiones políticas apuntadas en un acuerdo secreto, alcanzado en septiembre de 1998.

Tras esta última experiencia, tanto el Gobierno como el PSOE se muestran absolutamente escépticos sobre un final negociado con ETA. "Batasuna no funcionó como el Sinn Fein que mandaba sobre el IRA. Batasuna estuvo totalmente plegada a ETA", coinciden Gobierno y PSOE. También coinciden en que "ETA se mueve en un mundo de delirio, con una visión del País Vasco irreal y con unos planteamientos dogmáticos que hacen imposible una negociación", coinciden Zarzalejos y Jáuregui.

Ambos contemplan como única salida la solución policial y judicial y el cerco al entorno político de la banda, que culmina con la ilegalización de Batasuna en 2002. El propio consejero vasco de Interior, Javier Balza, señaló en octubre pasado que la única salida para ETA es la policial, y el nuevo presidente del PNV, Josu Jon Imaz, asegura que "no habrá negociación con ETA porque no puede condicionar el futuro de Euskadi".