Zaplana, Bono y el PHN
Informan los medios de comunicación que el portavoz del gobierno, Eduardo Zaplana, ha afirmado que quienes se han opuesto a la ejecución del Plan Hidrológico Nacional se "avergonzarán porque tendrán que explicar y argumentar por qué se opusieron a que viniera el agua".
Es la primera vez que desde el gobierno se hace una invitación a explicar y argumentar, así que, señor Zaplana, fije fecha y lugar y allí estaremos. Debo indicar, por pura deportividad, que en nuestro equipo están José Manuel Naredo, Pedro Arrojo, Federico Aguilera, Domingo Jiménez Beltrán, Antonio Estevan, Narcís Prat, Rosa Miracle, y Carlos De Prada, entre tantos otros. No importa si alguno de ellos no puede asistir puesto que contamos con sus informes, consultables, por ejemplo, en la página electrónica de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
La actitud vergonzante y vergonzosa corresponde al gobierno que ha impedido -¿hasta ahora?- en España un debate científico y técnico. Recuérdese que tuvo que ser la comisaria Wallström la que organizara en Bruselas, el pasado mes de octubre, una reunión entre técnicos y políticos designados por el Ministerio de Medio Ambiente y científicos y representantes de ONG opuestos al PHN. En su línea habitual, el gobierno impuso las puertas cerradas a la reunión, del mismo modo que, en su momento, ordenó silenciar, no facilitar a la opinión pública, los informes pagados con fondos públicos que redactaron decenas de científicos y técnicos de reconocido prestigio -por eso se les contrató ¿no?-. Evidentemente, la inmensa mayoría de los informes eran contrarios al entonces proyecto de PHN, desde muy diversos enfoques y disciplinas, y planteaban diversas alternativas viables que el gobierno se negó a considerar, y es lógico que así lo hiciera, puesto que la decisión se había tomado atendiendo a otros condicionantes, confesables o no, pero en todo caso vergonzantes. Como un miembro del gobierno explicó en su día, el PHN se aprobaría por c... y a ritmo de paseo militar.
Si habían dudas sobre cómo se perpetró, el presidente de Castilla-La Mancha acaba definitivamente de disiparlas al declarar que su apoyo al PHN se fundamentaba en que a él le dieron todo lo que pidió, con independencia de que "me lo ofrezca el diablo". Efectivamente, en defensa de "los intereses de los castellanomanchegos" sobra el debate científico-técnico, sobra todo debate porque se trata de hacer política, aunque sea de la peor: la clientelista, la meramente electoralista, la del cambalache. Estadista donde los haya -al menos al nivel de Zaplana-, Bono, que no es nada nacionalista, puede seguir criticando a los Carod-Rovira mientras, en un ejercicio notable de honestidad y coherencia, consigue, aún pactando con el diablo, que no le toquen su agua del Tajo, que no se ataje su expolio del Júcar y que continúen ampliándose sus regadíos aunque sean claramente insostenibles económica y ecológicamente hablando.
En el reparto de recursos escasos, o si se quiere limitados, hay una cosa evidente: lo que se asigna a unos demandantes no se puede conceder a otros. En el reparto del agua del Júcar se ha dado un paso más: se han asignado recursos inexistentes, con lo que se deben conseguir ya no de otros demandantes, sino de usuarios anteriores. Veamos cómo ha ocurrido y sus consecuencias.
1. La superficie regable en el acuífero de La Mancha Oriental pasó de 5.000 hectáreas en 1970 a las más de 93.000 en 1997, y la expansión del regadío continúa. Al tiempo los bombeos del acuífero pasaron de 15 Hm3 en 1964 a 439 en 1994. La afección al río Júcar ha sido estimada por Juan Marco en 245 Hm3/año, es decir, casi el 70% de la antigua aportación del acuífero.
2. La Acequia Real del Júcar tiene asignados, en el Plan Hidrológico de Cuenca, 392 Hm3/año. El Ministerio de Medio Ambiente, en el documento Situación actual y posibilidades de aprovechamiento del río Júcar reconoce que "desde 1981/82 hasta la actualidad el valor medio de las derivaciones es de unos 360 Hm3/año". Antonio Estevan, a partir de datos oficiales del Ministerio, apunta que "en los últimos diez años, la media de los caudales de la ARJ ha sido de 264 Hm3/año, y en los últimos tres años, de 244 Hm3/año".
3. A pesar de haber pasado un otoño particularmente húmedo, el caudal del bajo Júcar es prácticamente inexistente. Un reciente informe de María Rosa Miracle, Universitat de València, detalla que el día 4 de diciembre de 2003 el caudal en el Azud de Cullera era de entre "0,06 y 0,1 m3/s. Se observa tan sólo una delgada lámina de agua inferior a 1 cm de espesor y de unos 10 m de anchura, que pasa sólo por parte del azud. Según los regantes, no había circulado agua sobre el azud hasta el día del muestreo, desde hacía once días atrás". Además, el informe constata que "los resultados muestran claramente que existe una intrusión salina muy importante, por la presencia del agua marina hasta el pie del azud de la Marquesa, a pesar de estar en la estación otoñal y en un periodo de lluvias recientes".
4. El Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar (PHCJ) asignaba a L'Albufera 100 Hm3/año y determinaba que "con la asignación realizada a los riegos tradicionales de La Ribera del Júcar, y considerando sus retornos y sobrantes así como las aportaciones intermedias no reguladas, tal necesidad hídrica se considera correctamente satisfecha". Dejando de lado por el momento -y ya es mucho dejar- el debate de cómo se llegó a la evaluación de esa necesidad hídrica hay una cosa evidente: si a los riegos de La Ribera no le están llegando los caudales asignados, a L'Albufera menos.
En conclusión: el señor Bono ha conseguido todo lo que quería, el diablo parece satisfecho con que sigan a toda marcha los intereses y negocios que, como ya casi todos sabemos, defiende la política trasvasista del gobierno.
¿Hay algún responsable político en la Generalitat Valenciana que vaya a preocuparse de los intereses de los regantes de La Ribera? ¿Era algo más que pura hipocresía el criterio básico del PHCJ que decía que "se otorga la mayor prioridad a los riegos tradicionales de La Ribera del Júcar, considerando que tal prioridad es la expresión material y jurídica de su carácter histórico"?
¿Hay algún responsable político en la Generalitat Valenciana que vaya a preocuparse de la supervivencia del propio río Júcar y de L'Albufera? Debe recordarse que la Directiva Marco del Agua exige la recuperación de un buen estado ecológico para antes de 2015.
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