La CMT afirma que el redondeo de la tarifa de móviles es legal

La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), a petición del Defensor del Pueblo, ha remitido un informe en el que reconoce que las compañías de móviles cobran el primer minuto de las llamadas independientemente de su duración, pero afirma que esta práctica es legal porque las tarifas del móvil están liberalizadas. En cualquier caso, la CMT dice que es el Gobierno quien tiene la potestad de cambiar este sistema.

El Defensor del Pueblo anunció el pasado mes de enero la apertura de una investigación para clarificar el sistema de facturación que aplican las compañías de telefonía móvil, con el objeto de que los usuarios paguen sólo por el tiempo que verdaderamente consumen. Las tres operadoras del mercado español (Telefónica Móviles, Vodafone y Amena) cobran el primer minuto completo de una llamada aunque el cliente no agote ese tiempo y sólo a partir de ese minuto cobran en segundos.

Sin embargo, la inquietud del Defensor por los usuarios del móvil puede toparse con la ley. A petición de esta institución, la CMT le ha remitido un informe en el que certifica que todas las compañías de móviles llevan a cabo esta práctica de facturación del redondeo, pero aclara que éste es legal.

En su respuesta, el máximo organismo de control del sector recuerda que las tarifas de la telefonía móvil están liberalizadas y que, por tanto, pueden ser fijadas libremente por las compañías.

Además, la CMT argumenta que, cualquier modificación legislativa que atañera a las tarifas del móvil le correspondería a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, es decir, al Gobierno.

De hecho, las únicas tarifas que precisan la autorización del Ejecutivo son las de los servicios de telefonía fija que presta Telefónica de España, ya que el resto de compañías disfruta de libertad para establecer sus precios.

En telefonía móvil, las tarifas finales, es decir, a las que está sujeto el consumidor final, están completamente liberalizadas. La CMT sólo tiene competencias sobre las tarifas de interconexión, es decir, las que se cobran las compañías entre sí por las llamadas que utilizan su red.

No vinculante

La institución presidida por Enrique Múgica, que ha iniciado la investigación de oficio, ha requerido también información a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Con la respuesta de ambos organismos emitirá una recomendación no vinculante, aunque cerca del 80% de sus consejos son aceptados por las administraciones públicas.

Las operadoras defienden que ese sistema de tarificación se aplica en toda Europa y que el cobro de una cantidad mínima por llamada es necesario para el mantenimiento de la red, de la misma forma que sucede con la cuota de abono mensual en telefonía fija. De hecho, las tres operadoras han eliminado completamente o aplicado fuertes rebajas en la cuota mensual.

Aunque la legislación sobre telecomunicaciones reconozca como legal esta práctica, el Defensor del Pueblo tiene también la opción de conducir el tema por la vía de la vulneración de los derechos de los consumidores, como parecía deducirse de la comunicación realizada por la Oficina del Defensor: "La facturación de segundos de conversación que los usuarios no han consumido supondría el desarrollo por parte de las compañías de telefonía de una actividad contraria a la Ley 26/1984, de 19 de julio, de la General para la Defensa de los Consumidores".

Una polémica similar a ésta se originó hace unos meses con el sistema de cobro de los aparcamientos públicos, cuyos clientes tienen que pagar, en ocasiones, dos horas por tener el coche aparcado una hora y cinco minutos, por ejemplo.

La asociación de consumidores Facua estima que estos redondeos supusieron unos ingresos extra de unos 1.117 millones de euros en 2002.