Sanidad ofrece 30 millones a las firmas colaboradoras que asisten a 190.000 empleados

11 feb 2004 - 00:00CET

Madrid

Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para este año incluirán una partida de unos treinta millones de euros para financiar conciertos con clínicas y médicos privados que darán asistencia a los 190.000 trabajadores madrileños que actualmente tienen cobertura sanitaria mediante entidades colaboradoras de la Seguridad Social.

El Gobierno regional pretende dar continuidad a la actividad de las colaboradoras, que dan prestación sanitaria a los empleados de empresas como BBVA, Unión Fenosa e Iberdrola, entre otras, y evitar así que sus usuarios se incorporen a la ya saturada red de la sanidad pública.

Para dar forma a este régimen de concertación, la Consejería de Sanidad y Consumo elaborará, junto con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, un nuevo marco jurídico y asumirá por cada usuario de las entidades colaboradoras un coste que en ningún caso superará lo que el sistema público gasta por cada madrileño. Así lo explicó el viceconsejero de Asistencia e Infraestructura Sanitaria, Arturo Canalda, tras reunirse ayer tarde con representantes de 14 entidades colaboradoras y presentarles un preacuerdo por el que éstas se comprometen a seguir dando cobertura sanitaria a los trabajadores de sus empresas a partir del próximo 1 de mayo, que es cuando expira la prórroga acordada el pasado agosto con el consejero de Sanidad en funciones, Alfredo Macho.

Aquellas colaboradoras que firmen el preacuerdo pasarán a integrar una comisión paritaria en la que también estarán representados el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad y que se encargará de definir el nuevo marco de colaboración o concertación.

El viceconsejero Canalda confía en que la mayoría de las colaboradoras se acojan al preacuerdo, aunque no descartó que "al final se descuelgue" alguna de ellas. Hasta el momento han sido dos empresas -Talgo y Gas Natural- las entidades que se han retirado de este sistema de prestación de asistencia sanitaria a sus empleados, que han pasado a ser atendidos de forma automática por la red pública.

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