La Plataforma del Ebro actuará contra la empresa que realiza el trasvase

Cada paso adelante que den las obras del Plan Hidrológico Nacional (PHN) en Cataluña tendrá la correspondiente respuesta en forma de acción de protesta de la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE). Así lo anunció ayer la PDE, precisamente después de que medio centenar de personas acudieran al punto exacto donde el PHN prevé extraer agua del Ebro y colocaran una pintada con un rotundo "no a Trasagua". Esta empresa, creada por el Ejecutivo central para gestionar las obras del trasvase, ya se ha puesto en contacto con varios propietarios de Tortosa y les ha avisado de que próximamente acudirán a sus fincas operarios y máquinas para practicar unas prospecciones geológicas.

A diferencia de Vinaroz (Castellón), donde la plataforma se movió en un "escrupuloso respeto a la realidad del País Valenciano", según el portavoz Manolo Tomàs, en Cataluña el movimiento opositor al trasvase se siente "suficientemente legitimado" como para actuar al margen de los propietarios afectados. De hecho, Tomàs anunció ayer que someterán a un detallado y constante examen a Trasagua, con el objetivo de poner cuantas más trabas mejor al avance de sus trabajos.

Los contratos de sus empleados, los permisos para utilizar caminos municipales y cualquier aspecto legal son ahora estudiados por la PDE para usarlos eventualmente como arma legal contra Trasagua. "Aquí hay un enfrentamiento, y no pensamos amedrentarnos. Es más, tenemos ganas", decía ayer Tomàs.

La tendencia creciente de las protestas de la PDE queda aún más clara con la posible convocatoria de una huelga general en las comarcas del Ebro. Esta medida se aplicaría si el Ejecutivo central decidiera colocar una primera piedra del trasvase en territorio catalán. Con todo, tanto la PDE como las instituciones antitrasvasistas del Ebro se encomiendan al reciente anuncio del consejero Salvador Milà, que aseguró que denunciará ante el Tribunal de Estrasburgo que el PHN no respeta la directiva marco de aguas.

Por otra parte, la PDE mostró ayer su desacuerdo con la sentencia dictada por un juzgado que condena a un miembro de la plataforma, Josep Sabaté, por un delito de lesiones a un mes de multa con un cuota diaria de seis euros. El motivo de la sentencia es un incidente ocurrido el 11 de julio de 2002, cuando Francesc Sancho, ex delegado del Gobierno en las tierras del Ebro, fue increpado. La plataforma recurrirá contra el fallo ante la Audiencia de Tarragona.