Ruedas de prensa sin preguntas

¿Qué pinta un periodista en una "rueda de prensa" en la que no puede preguntar? La interrogación se la hacen cada día más periodistas, al menos los de este periódico -y así se lo han hecho llegar a esta Defensora- cuando tras ser convocados a una conferencia de prensa se encuentran con la lectura de un comunicado, seguido de un inapelable "no hay preguntas" del protagonista de turno.

Hasta no hace mucho era sólo el jefe del Gobierno, y en ocasiones contadas, el que se permitía utilizar la fórmula de "declaración institucional", pero la modalidad ha ido ganando terreno, sin duda ante la ocasión soñada por muchos políticos de matar dos pájaros de un tiro: difundir ampliamente un mensaje hecho a pleno gusto del comunicante, y quitarse de encima a los periodistas, esos molestos señores y señoras que, a veces, tienen la manía de preguntar cosas incómodas. No hay preguntas. Así de sencillo. Y los periodistas, convertidos en frustrados convidados de piedra, se tienen que contentar con coger el comunicado -que antes llegaba por fax a las redacciones- e intentar, como es su obligación, conseguir la información negada por otros derroteros.

Pero ¿por qué los periodistas tienen que aceptar ser comparsas en falsas ruedas de prensa, que luego aparecen como genuinas en todas las televisiones, dando visos de veracidad a lo que en realidad es un fraude informativo? ¿Es suficiente con aclarar luego a los lectores que no se permitió preguntar? ¿No se resiente claramente la información?

Nadie discute que, en casos excepcionales y solemnes, esta modalidad de comparecencia puede tener lógica. Pero la moda ha ido tomando cuerpo y extendiéndose hasta extremos que rozan el abuso o el ridículo. Abuso, porque -al margen de que no siempre se explica al hacer la convocatoria que es bajo estas condiciones- supone una alteración unilateral de las reglas del juego informativo, y una falta de respeto al equilibrio que exige la libertad de expresión en las relaciones entre el poder -y sus aspirantes- y los medios de comunicación. Al asegurarse la difusión del mensaje que interesa, sin riesgos de contrapartida alguna, lo que se garantiza es propaganda, no información. Y ridículo, porque la mayor parte de las veces no pueden considerarse "declaraciones institucionales", ni por quién las hace, ni por el contenido de las mismas.

Aficionados

Los últimos casos son muy recientes: Álvarez Cascos aparecía, hace dos semanas, en una "comparecencia institucional" para comunicar que se retiraba de la política y pedir un respeto para su vida privada. Por supuesto, "sin preguntas". Lo mismo hizo Carod Rovira cuando el pasado 27 de enero admitió públicamente sus contactos con ETA; y Rajoy -después de que su partido convocara una rueda de prensa para presentar su página web en la campaña electoral- cuando leyó una "declaración institucional" sobre las conversaciones Carod Rovira-ETA. Igual que Rodríguez Zapatero -muy aficionado últimamente a esta fórmula- cuando hace unos días presentó, ironías de la vida, al equipo de sabios que iba a diseñar un nuevo modelo más democrático de televisión pública... (Por cierto, los periodistas allí presentes le hicieron llegar una queja). Son sólo algunos ejemplos.

El País Vasco ha sufrido en los últimos años una auténtica plaga de ruedas de prensa sin preguntas o "comparecencias institucionales". Ibarretxe es un habitual de la fórmula, pero Arzalluz y Otegi también la han utilizado. Y en Cataluña parece ganar terreno con Maragall, después del famoso precedente del "hoy no toca" inventado por el ex presidente Pujol, aplicado a preguntas molestas. No son los únicos. Arenas, Trillo, Ruiz-Gallardón, Caldera, Ana Mato o Francesc Antich (secretario del PSOE balear) son algunos nombres a sumar.

Los nueve periódicos más importantes de Alemania, entre ellos Frankfurter Allgemeine, Die Welt y Süddeutsche Zeitung, causaron un auténtico revuelo, en diciembre pasado, cuando se plantaron y denunciaron un hecho periodístico que alcanzaba extremos intolerables. Lo que era una práctica para garantizar la exactitud de las entrevistas, la revisión de los textos a publicar por sus entrevistados para puntualizar o corregir algún error -usual en muchos periódicos, incluido EL PAÍS-, se había convertido de hecho en una censura. Los políticos, sus asesores o gabinetes de prensa tachaban las preguntas molestas y sus respuestas, o simplemente se inventaban otras que nunca habían figurado en las declaraciones, en ocasiones de sentido contrario a lo manifestado. Cuando no se admitían las "correcciones" los medios quedaban excluidos de las noticias de estos políticos. Die Tageszeitung publicó en portada una de las entrevistas prohibidas con todas las respuestas tachadas. Y los rotativos hablaron de "estafa a los lectores" y "periodismo de lacayos".

¿Qué está pasando? Puede que todo esto no sea más que un síntoma, uno más y quizá no el más importante, del aumento por parte de los poderes públicos de la opacidad y trabas que sufren los medios de comunicación para acceder a la información oficial, una información que los gobernantes utilizan como si fuera parte de su patrimonio y en beneficio de intereses personales o de partido.

Por si fuera poco, las presiones de todo tipo que reciben los medios de esos mismos poderes, son cada día más fuertes. No hace falta recordar el reciente caso de la televisión británica BBC, cabeza de turco del informe Hutton, y las "presiones sistemáticas", denunciadas por su ex director general Greg Dyke, del Gobierno de Tony Blair a la cadena pública durante la guerra de Irak.

Eso en el Reino Unido, y en un medio público reconocido como el más independiente del mundo. En España la comparación simplemente da risa. Sería un lujo hablar de "presiones", que, no seamos ilusos, ejercen todos los Gobiernos -y de las que los medios de comunicación se defienden con mayor o menor fuerza, en una dinámica tan vieja como el periodismo- cuando lo que existe es una utilización descaradamente partidista de los medios públicos.

Calidad de la democracia

En este sentido, Joaquín Estefanía, director de la Escuela de Periodismo de EL PAÍS, asegura que le preocupan mucho estas situaciones que, más allá de la libertad de expresión de los periodistas, afectan a la calidad de la democracia. "Campañas publicitarias de adhesión al partido del Gobierno, próximas a unas elecciones; conferencias de prensa del Consejo de Ministros convertidas en agitprop del Ejecutivo y del partido que le apoya; ausencia de debates entre los contendientes a las elecciones que, en el mejor caso, serán admitidos como una 'concesión' y no como un 'derecho' de los ciudadanos; conferencias de prensa en las que no se admiten repreguntas; y como colofón de todo ello se ponen de moda las 'comparecencias' o 'declaraciones institucionales' de personas, partidos u otro tipo de instituciones en las que no se admite pregunta alguna".

"Todo ello", dice Estefanía, "forma parte de un mismo proceso para demediar el papel de los medios de comunicación, como antes se ha hecho con otras instituciones. La reacción no debe venir de los periodistas que cubren estos actos, que deben seguir haciéndolo. La denuncia debe llegar de nuestras organizaciones corporativas (sindicatos de periodistas y asociaciones de la prensa) y de las empresas periodísticas y sus direcciones, que deben denunciarlo editorialmente y son las que, en todo caso, deben indicar a sus periodistas qué han de hacer en esos casos".

A esta Defensora le gusta recordar, una vez más, que la esencia del periodismo es el derecho a informar a los lectores del modo más veraz y objetivo posible. Y que el trabajo de los periodistas es preguntar, no crear ambiente ante las cámaras.

El político socialista y ex primer ministro de Italia Giuliano Amato decía esta semana pasada, en una entrevista publicada en La Vanguardia, que "en la dinámica diaria del poder, la información se sustituye por el eslogan y el argumento por la histeria". Malos tiempos para esta profesión.

Los lectores pueden escribir a la Defensora del Lector por carta o correo electrónico (defensora@elpais.es), o telefonearle al número 91 337 78 36.