Europa, dispuesta a dar ejemplo

El Protocolo de Kioto puede ser letra muerta a nivel internacional, pero no para la Unión Europea. Aunque con la retirada de EE UU y, quizá, de Rusia impidan poner en marcha el plan global de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la UE está dispuesta, incluso en solitario, a cumplir sus compromisos de recorte. Bruselas analizará a partir de marzo los planes nacionales para aplicar la última norma aprobada: la del mercado de emisiones.

La Conferencia de Cambio Climático celebrada en noviembre de 1997 en la ciudad japonesa de Kioto terminó con el acuerdo de 39 países industrializados de reducir en un 5,2%, con respecto a las de 1990, sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 2008 y 2012. Para lograr ese recorte global, la UE suscribió el compromiso más duro: reducir sus emisiones en un 8%. Siete años más tarde, EE UU sigue fuera del acuerdo global y Rusia se resiste por considerar que merma su desarrollo. Tal circunstancia impide la puesta en marcha de los acuerdos, salvo que, como es el caso, la Unión esté persuadida de que hay que seguir adelante.

España es el peor alumno de la clase, pues es el país que más se aleja de su objetivo nacional de reducción de emisiones contaminantes

De ahí que, pese a la incertidumbre ya existente a nivel internacional, la UE convirtiese en ley, en marzo de 2002, sus propios compromisos de reducción, adjudicando a cada país su objetivo. En ese llamado reparto de la carga, España salió bien parada. Frente a los drásticos recortes de otros países más desarrollados, como Italia, Austria, Reino Unido o Alemania, España podía incluso aumentar hasta en un 15% sus emisiones.

En la práctica, la mayor parte de los países de la UE está haciendo esfuerzos al respecto, pero no suficientes. Las emisiones de 2001 estuvieron ya por debajo del 2,3% de las de 1990, pero el recorte se debe fundamentalmente a la reestructuración de la industria alemana del Este y al cierre de las minas de carbón del Reino Unido. Poco que ver con las políticas medioambientales promocionadas desde Bruselas, como el desarrollo de energías renovables o la subida de impuestos de los carburantes, entre otras. De ahí que las últimas proyecciones de la Comisión Europea vaticinen que la UE no cumplirá su propio compromiso y que sólo logrará, en 2010, haber reducido en un 0,5% sus emisiones, lejos de ese 8% acariciado.

En este contexto, España es el peor alumno de la clase, pues es el país que más se aleja de su objetivo nacional, al haber rebasado ese crecimiento del 15% colocándose ya en el 33,3% de más, una situación que le coloca en clara desventaja para el próximo futuro y que va a tener un coste añadido para la industria.

Vanguardia y competitividad

Ese sobrecoste viene dado por la directiva del comercio de emisiones que entró el 1 de enero en vigor. Los dos sectores afectados por la norma son la energía (combustión, refinerías y coquerías) y la industria (metales férreos, papel y minerales). Cada país tendrá que asignar a cada una de las grandes empresas de ambos sectores derechos de emisión de modo a que tales compañías les resulte beneficioso reducir sus emisiones y, así, vender derechos. En caso de aumentarlas, se verán obligadas a comprar esos derechos a otras. El coste es evidente, bien a través de la inversión en tecnologías más eficientes y menos contaminadoras, bien a través de la compra de esos derechos de emisión a otras compañías del propio país o de cualquier otro de la UE. Las alemanas y las británicas se presentan como las más beneficiadas de este nuevo sistema, dadas las reducciones logradas a nivel nacional.

Antes del 31 de marzo próximo, la Comisión Europea debería recibir los llamados Planes Nacionales de Asignación y que, en definitiva, es la forma de poner en marcha tal comercio de emisiones a partir del 1 de enero de 2005. La portavoz de Medio Ambiente de la Comisión, Ewa Hedlund, confirmaba esta semana que ningún país ha remitido todavía tal plan a Bruselas y que la Comisión, como indica la propia directiva antes mencionada, puede retocar o pedir explicaciones a los países en caso de que tales planes no sean coherentes con el objetivo final.

El sistema estará en pie sólo en la Unión Europea entre 2005 y 2008 y servirá como ensayo para cuando entre en vigor, si llega el momento, el mercado de emisiones a nivel mundial previsto por el Protocolo de Kioto. Los partidarios del método, como la propia comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström y algunos de sus colegas, consideran que la política medioambiental de la UE le va a situar en la vanguardia de las tecnologías limpias, pero son muchos también los que temen una pérdida neta de competitividad.