El Defensor del Pueblo estudia si recurre ante el Constitucional la Ley de Extranjería

El Defensor del Pueblo está estudiando la solicitud presentada el pasado jueves por el Consejo General de la Abogacía para que recurra ante el Tribunal Constitucional varios preceptos de la Ley de Extranjería, modificada por el Gobierno en noviembre pasado con el apoyo del PSOE. La ley permite, entre otros apartados cuestionados, el acceso a datos personales de inmigrantes a través del padrón municipal sin el consentimiento previo de los afectados. Los ayuntamientos de Jerez y Algeciras, IU y varias asociaciones de inmigrantes también han solicitado que Enrique Múgica recurra la ley.

Un portavoz del Defensor del Pueblo no quiso precisar ayer a este periódico la cifra de las asociaciones que se han sumado a la solicitud del Consejo de la Abogacía. A tres semanas de finalizar el plazo para presentar el recurso ante el Constitucional, no es probable que se repita la avalancha de peticiones de hace casi tres años. En marzo de 2001 más de 700 organizaciones, entre asociaciones, partidos y sindicatos, solicitaron sin éxito a Enrique Múgica que interpusiera un recurso ante el Constitucional tras la anterior reforma de la Ley de Extranjería. En aquella ocasión el Defensor del Pueblo rechazó las peticiones afirmando la constitucionalidad de la norma.

"La solicitud del Consejo de la Abogacía nos ha animado a hacer lo mismo", asegura Susana López, responsable federal de migraciones de IU, aunque admite su desaliento: "El apoyo del PSOE a la ley supone un jarro de agua fría para los que defendemos los derechos de los inmigrantes". La asociación Andalucía Acoge, la primera en solicitar el recurso a finales de enero, y copartícipe del informe presentado por el Consejo de la Abogacía para argumentar su solicitud ante el Defensor del Pueblo, es más optimista. La ONG espera que la iniciativa cuente con el apoyo de las mismas organizaciones e instituciones que en 2001, sobre todo por parte del Gobierno vasco que sí podría interponer recurso directamente ante el Constitucional.

"El Gobierno está desmantelando las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de los inmigrantes", asegura José Luis Rodríguez Candela, asesor jurídico de Andalucía Acoge. Un ejemplo es, según el informe de los juristas, la posibilidad contemplada en el artículo tercero de la ley, de que el Ministerio del Interior pueda acceder a los datos personales de los inmigrantes a través del padrón sin el consentimiento previo de los afectados. Las asociaciones de extranjeros denuncian que los indocumentados pueden sentir temor a darse de alta en los registros, con lo que perderían su derecho a utilizar los servicios básicos, entre ellos la sanidad. Rodríguez Candela va más lejos y señala que la intención del Gobierno es "maquillar los números", ya que los datos de población del Instituto Nacional de Estadística se nutren de los bases de datos municipales. "Dentro de un año, el Gobierno dirá que ha disminuido el número de sin papeles en España, pero eso será falso. Las personas no desaparecerán porque se les borre del padrón".

El informe también critica la supuesta falta de garantías legales en los centros de internamiento de extranjeros. El artículo 62 de la ley permite aplicar medidas de aislamiento a personas que no son delincuentes sin las garantías que prevé la Ley Orgánica de Régimen Penitenciario.