Los huelguistas del Consorcio "dudan" tras 12 días de la calidad del agua

Los cuatro principales sindicatos vascos, convocantes conjuntos de la huelga indefinida en el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, aseguraron ayer que los análisis sobre la potabilidad del agua se han reducido en un 75% desde el inicio del paro, hace ya 12 días. Las centrales (ELA, CCOO, UGT y LAB) mostraron sus "dudas" sobre la salubridad en el suministro, lo que el Consorcio sigue garantizando por completo. Los sindicatos responsabilizaron al PNV de la falta de un acuerdo y asumieron que se están incumpliendo los servicios mínimos "porque son abusivos".

El Departamento de Empleo reunió ayer, por quinta vez, sin éxito a los representantes de los trabajadores -más de 250 empleados contratados por empresas externas al Consorcio- y a las contratas para intentar solucionar un conflicto que cada día que pasa puede complicar más la salud pública de más de un millón de habitantes del área metropolitana a los que la entidad abastece. El presidente del Consorcio, el edil peneuvista de Bilbao Ibon Areso, dijo el martes que, si la huelga prosigue, en menos de dos semanas se tendrá que empezar a verter aguas fecales a algunos ríos por la incapacidad de tratarlas.

Los sindicatos, que ayer repartieron octavillas en el centro de Bilbao explicando las causas del conflicto y ofrecieron vasos de agua embotellada a los viandantes, cargaron con dureza contra el PNV, el partido que ha dominado el Consorcio vizcaíno durante los últimos 25 años. Las centrales señalaron que la existencia de un colectivo tan amplio de trabajadores subcontratados -la plantilla propia de la entidad de aguas no llega a los 200 empleados- supone una "decisión política de años atrás que se va consolidando". Por ello recalcaron que la solución tiene que ser "también política". Los huelguistas reivindican su equiparación salarial con la plantilla del Consorcio, lo que supondría aumentos de sueldo cercanos al 50%. Los salarios suponen una media de 13.000 euros anuales, con casos de nóminas de entre 10.000 y 11.000 euros.

"Nos tratan como a trabajadores de segunda categoría, realizando el mismo trabajo que los que consideran de primera categoría", en referencia a los empleados de la entidad de aguas. El sueldo anual más bajo de un trabajador del propio Consoricio supera los 20.000 euros anuales. A juicio de las centrales, los 5,3 millones de euros que el Consorcio abonó el pasado año a las empresas subcontratadas serviría para "pagar [a los huelguistas] una media de 17.000 euros anuales".

Los huelguistas rechazaron cualquier responsabilidad en los posibles vertidos fecales de las depuradoras, que están acumulando los fangos en depósitos ante la imposibilidad de su tratamiento. "¿Vamos a ser los responsables del vertido ante la judicatura y no para cobrar como el resto de los trabajadores? Algo no concuerda", dijeron.

Los sindicatos negaron que propicien la alarma social al cuestionar la calidad del suministro de agua, pero se preguntaron para qué sirve la labor de las más de 250 personas que secundan el paro. Revelaron que normalmente se realizan 800 análisis de agua al mes "y ahora se hacen 200. Habrá que poner en duda que con 200 se garantice lo mismo que con 800 análisis".

Las centrales se refirieron al incumplimiento de los servicios mínimos criticado por el Consorcio, que impide el tratamiento mínimo de las aguas fecales. Consideraron que han sido "abusivos. No permitían el derecho a la huelga y ha abocado a los trabajadores a evitarlos".

Uno de los huelguistas se declaró "harto de ser los olvidados" y relató las deficiencias en el servicio del Consorcio, como las lecturas de los contadores: "No se leen cada tres meses y no existe ningún rigor".

Un portavoz oficial del Consorcio admitió la disminución de los análisis del agua. Sin querer confirmar los datos aportados por los sindicatos, explicó que "antes [de la huelga] se hacían más de los exigidos, pero no se ha bajado de lo que marca la legalidad, que se cumple a rajatabla". Agregó que la calidad del agua está garantizada.

El jefe del Departamento de Calidad de la entidad, Jon Ander Etxebarria, explicó el martes que la diferencia es que ahora no se realizan controles en los embalses del Zadorra o en determinados puntos de la red, pero sí en las entradas para su distribución en los hogares.

El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, terció ayer en el conflicto y opinó que "no se puede permitir" alarmar a la población sobre la calidad del agua. "Que algún sindicato esté diciendo que el agua no está en buenas condiciones, eso es muy serio", indicó, antes de manifestar que servicios esenciales como las urgencias hospitalarias o el agua tienen que garantizarse, porque "con eso no se puede andar jugando".

El primer edil confirmó que, con el incumplimiento de los servicios mínimos, los lodos de las depuradoras pueden llegar a los ríos "y eso es un delito ecológico. ¿Quién va a responder de ese delito?", inquirió.