20 años de enfrentamiento del Supremo y el Constitucional

La declaración institucional hecha pública ayer por el Tribunal Constitucional pone fin, por el momento, a una larga historia de enfrentamientos con el Tribunal Supremo, que se inició en 1984, a propósito de la filtración de la sentencia del caso Rumasa, y que culminó en enero de 2004, con la condena de 11 magistrados del Tribunal Constitucional, por "negligencia profesional grave", acordada por la Sala de lo Civil del Supremo.

En 1984, la filtración del fallo del Tribunal Constitucional que avaló la expropiación de la empresa Rumasa, originó la apertura por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de una investigación judicial en la que fueron llamados a declarar todos los integrantes del órgano máximo intérprete de la Constitución. Tras la declaración de los magistrados, que se efectuó por escrito, el caso quedó archivado.

Diez años después, en febrero de 1994, el Tribunal Constitucional anuló una sentencia de la Sala Civil del Supremo que denegaba una solicitud de paternidad con base en la negativa del demandado de someterse a la prueba biológica. En cambio, el Constitucional dio validez a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid -anulada por el Supremo- que, ante la negativa del demandado, unida a los indicios de paternidad, le declaró padre por presunción.

Memorándum al Rey

La Sala Civil del Supremo, en un clima de gran crispación, acordó elevar al Rey un memorándum para expresarle su "malestar e inquietud", por considerar que el Tribunal Constitucional había invadido sus funciones. Los magistrados del Supremo escenificaron una especie de procesión desde su sede al edificio de enfrente, donde el entonces presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala, logró desactivar la protesta sin que llegara a apelarse al monarca.

En septiembre de 2001, el Tribunal Constitucional condenó a la revista Lecturas a indemnizar con 60.000 euros a Isabel Preysler, por violación de su derecho a la intimidad, a la vista de que el Supremo había obedecido sólo parcialmente una primera sentencia del Constitucional, que le ordenó que condenara a la revista. El Supremo había aceptado condenarla, pero redujo la indemnización -inicialmente fijada por la Audiencia Provincial de Madrid en 60.000 euros- a 150 euros.

La Sala Civil del Supremo, en una sentencia de la que fue ponente su presidente, Ignacio Sierra, y relativa a un asunto distinto, estimó excesiva la indemnización impuesta por el Constitucional y ya entonces acusó a dicho Tribunal de "conducta negligente" por su "inaceptable sospecha o desconfianza respecto de la conducta de este Tribunal Supremo".