La Audiencia de Valencia se traslada a la Ciudad de la Justicia sin ordenadores para sus once secciones

Las once secciones de la Audiencia de Valencia iniciaron ayer el traslado a las nuevas dependencias de la Ciudad de la Justicia y, a media mañana, el gerente del nuevo complejo judicial, David Sevilla, comunicó a los funcionarios de la sección segunda, que deben proceder hoy martes a su traslado, que no hay ordenadores previstos para ninguna de las secciones, unos 60 en total, por lo que debían empaquetar con urgencia los mismos aparatos que estaban utilizando hasta ahora.

Según los funcionarios que recibieron el aviso telefónico, tanto Sevilla como la coordinadora de la mudanza dieron el mismo mensaje: "Empaquetad los ordenadores que habéis estado utilizando ahí porque no hay ordenadores nuevos, nos hemos quedado cortos".

El inventario de las cajas que debían ser trasladadas estaba hecho desde hacía una semana y no se incluía en él los ordenadores. Las computadoras rescatadas de nuevo tienen sistema operativo Windows 95, cuando en la Ciudad de la Justicia todo está preparado para Windows XP, lo que no impide el funcionamiento de los mismos pero los deja prácticamente como meros procesadores de textos, sin que puedan realizarse otras funciones. Ello se debe a que ahora existe una red de última generación a la que no pueden acceder.

La Consejería de Justicia explicó al respecto que la semana pasada, desde la dirección general, en manos de Patricia Montagud, y la secretaría autonómica, que desempeña el que fuera decano de los jueces de Valencia, Fernando de Rosa, se había comunicado el hecho al presidente de la Audiencia, Pedro Castellano.

Además, Justicia señaló como responsable al Ministerio de Justicia, con quien tiene aún pendiente de firmar un convenio sobre modernización del que dependen parte de las dotaciones informáticas de la Ciudad de la Justicia, entre ellas las que corresponden a las secciones de la Audiencia Provincial. Sin embargo, el convenio fue anunciado y publicitado hace semanas, y tanto Víctor Campos, como el ministro de Justicia, José María Michavila, garantizaron el presupuesto necesario para las dotaciones necesarias que debían estar listas el pasado 1 de enero. Justicia asegura que aún falta la firma.