Huertas y Barrio denuncian la resistencia de Atutxa a disolver SA

El representante del PSE en la Mesa del Parlamento, Manuel Huertas, aseguró ayer que se sintió "burlado" y "engañado" por los tres querellados en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia vasco por su negativa a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA). En sus declaraciones como testigos ante la juez del caso Atutxa, tanto Huertas como el representante del PP, Carmelo Barrio, aseguraron que los miembros del tripartito tenían decidido no disolver SA y que se valieron de "artificios" para no cumplir la sentencia del Tribunal Supremo.

Nekane Bolado, la magistrada de la Sala Civil y Penal del Superior que instruye la querella por desobediencia contra Juan María Atutxa (PNV), Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (IU), tomó ayer declaración, en calidad de testigos, a Barrio y Huertas. El representante popular declaró por espacio de 115 minutos y el parlamentario socialista durante 83 minutos a las preguntas de la magistrada, de la teniente fiscal, Blanca Gómez Jiménez; de la letrada de la acusación particular en representación del sindicato Manos Limpias, Antonia Mateo, y del defensor de los imputados, Alberto Figueroa.

En ese tiempo ambos tuvieron tiempo suficiente para dejar claro dos ideas básicas ante la juez. Primero, que los tres querellados en "ningún momento tuvieron voluntad firme de llevar a efecto la disolución" del grupo parlamentario heredero de la ilegalizada Batasuna, según la declaración de Barrio. "Había una resistencia a cumplir la sentencia", en palabras de Huertas. Y segundo, que la polémica decisión de la Junta de Portavoces del 6 de mayo de 2003, en la que PNV, EA e IU rechazaron la resolución general de la Presidencia, aprobada un día antes en la Mesa de la Cámara con los votos de nacionalistas, socialistas e IU, por la que se abría una vía para disolver SA y mandar a sus miembros al grupo mixto, fue un mero "artificio", según Barrio.

A propuesta del PSE

La propuesta había partido de Huertas, siguiendo el modelo ya utilizado por la Mesa del Parlamento navarro para disolver al grupo heredero de Batasuna. Este hecho, admitido ayer por Huertas ante la juez, fue utilizado por Atutxa y Knörr en su declaraciones como imputados, el pasado 3 de diciembre, como línea de defensa para intentar hacer ver la incongruencia de que unos parlamentarios estén imputados y otros no. Pero ni Atutxa ni Knörr indicaron que mientras los representantes de sus partidos votaron en contra de la resolución de la Mesa, los socialistas votaron a favor. "Sólo hubo una coherencia manifiesta de mi posición en la Mesa y la del portavoz del Grupos Socialistas Vascos" en la Junta de Portavoces, recordó a la juez Huertas. Y el propio Barrio aclaró, por si había alguna duda, que la "única y auténtica voluntad" de Huertas al aprobar la resolución de la Presidencia era crear un "mecanismo, un cauce" para disolver SA.

Para Huertas, el hecho de que, ante una "desautorización de tan alto grado", no se dijera nada en la siguiente reunión de la Mesa del Parlamento sólo podía entenderlo "desde la complicidad". A juicio del representante socialista en la Mesa, la decisión de votar en contra en la reunión de la Junta de Portavoces "estaba prevista de antes", y se reconoció como un "incauto a pesar de mi experiencia" por no haberlo previsto. "Pensaba que a Atutxa su partido no lo iba a desautorizar", se excusó ayer.

De hecho, ante la pregunta del abogado de la defensa de si al decir que "la decisión de la Junta de Portavoces podía estar predeterminada" se estaba refiriendo a que los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno "tenían tomada la decisión de no ejecutar los autos del Supremo", Huertas respondió afirmativamente. Sobre este asunto, Barrio mantuvo que "se utilizó esa propuesta de resolución como un artificio que luego chocase con la Junta de Portavoces, para que no se llevara a efecto la disolución de Sozialista Abertzaleak". "A lo largo de toda esta situación y circunstancia de disolución de SA, siempre he visto la voluntad de Atutxa de no llevar[la] a efecto".

Barrio y Huertas, con todo, mostraron su discrepancia a la hora de valorar las posibilidades de cumplir las sentencias del Supremo sobre la ilegalización y posterior disolución de SA. Los tres querellados han basado su defensa en la imposibilidad de cumplir las resoluciones judiciales porque el Reglamento de la Cámara no prevé el mecanismo para disolver un grupo en cumplimiento de una sentencia judicial. Mientras Barrio subrayó que "no había ningún impedimento" para cumplirlas, Huertas reconoció que era necesario una "adaptación reglamentaria" y que la resolución de Presidencia era la vía "más clara, determinante, precisa y rápida" para hacerlo.