El Instituto Andaluz del Agua aborda un estudio para clarificar el coste de los recursos hídricos

"En los ríos ya no hay sitios donde hacer presas, en España hemos hecho más de mil, y quedan pocos acuíferos vírgenes". El director del Instituto Andaluz del Agua, Juan José López Martos, considera que en los problemas de abastecimiento que se den en el futuro habrá que añadir a "las soluciones de ingeniería", un enfoque socioeconómico para determinar como distribuir el agua en Andalucía. El Instituto ha encargado la elaboración de un estudio para determinar el coste económico real del agua que se utiliza en la comunidad y cuánto paga cada grupo de consumidores.

El estudio, ya en marcha, no estará finalizado hasta dentro de un año al menos, y en él trabajan cuatro equipos de expertos universitarios de Madrid, Granada, Almería y Jaén. "Queremos saber cuánta agua tenemos, donde está, cuanto cuesta su distribución, qué calidad tiene y que beneficio consigue la población andaluza en su conjunto de cómo está distribuida", explica López Martos, que dirige el Instituto Andaluz del Agua (un organismo dependiente de la Consejería de Obras Públicas) desde mayo de 2001.

El director del Instituto recuerda que la nueva normativa comunitaria ya reclama a los Ejecutivos europeos nuevos mecanismos para hacer más visible el precio del agua, que es especialmente bajo para los consumidores urbanos y, sobre todo, para los regantes. "Se han hecho concesiones de agua demasiado largas a gente que paga muy poco", mantiene López Martos, quien se apoya en su experiencia (fue consejero de Obras Públicas y presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) para argumentar sus afirmaciones. "El agua tiene un precio, aunque eso no quiere decir que sea un bien que se pueda regir por el mercado", añade.

López Martos es partidario de empezar a aplicar valores más reales del agua a los regantes, empresas e industrias (como la turística) que ganen nuevas concesiones. "Intentar acabar con derechos históricos es muy complicado". Y aboga por reorientar las medidas públicas de apoyo. "Si el agua es barata en un regadío, lo es para quien tiene 14 hectáreas y para quien tiene 1.000 hectáreas. Pero cuando luego hay restricciones, afecta igual a los dos, y a uno le supone un problema para vivir y al otro un mero problema de beneficios". López Martos cree que a partir de la aplicación de la normativa europea, a los nuevos regantes habría que cobrarles un precio superior y compensar a los productores más débiles con subvenciones directas.

Pese a que Andalucía lleva unos años alejada de las temibles sequías, López Martos puntualiza que el agua en la comunidad es un bien escaso, y que su gestión debía orientarse a "una economía de la escasez" y no a planes de emergencia ante los ciclos de sequía.

El director del Instituto Andaluz del Agua considera que los principales problemas de abastecimiento se centrarán en la cuenca del Guadalquivir. "Si se hacen todas las obras previstas en el Plan Hidrológico Nacional, aún habrá un déficit hídrico de 1.000 hectómetros cúbicos". Un déficit para el que no habrá soluciones técnicas fáciles y que obligará a "cambios sosegados" para cambiar la estructura económica de un área donde viven cuatro millones de personas. "Los políticos tendrán que hacer una labor pedagógica, lo que no se puede es seguir con los regadíos, 900.000 hectáreas son suficientes".

López Martos cree, sin embargo, que la situación en la costa será menos problemática, a pesar de la mayor presión demográfica y turística. "Las desaladoras y la reutilización de agua dan alternativas", mantiene el director del Instituto. "En el Guadalquivir, ya se reutiliza todo el agua residual en los campos, en la costa se depura, pero todavía se tira al mar".

El Instituto, un centro investigador, tiene en marcha otros estudios, como los que trata de analizar el impacto en los ríos y la costa (en la formación de playas) de la construcción de las presas de Rules (Granada) y Alqueva (sur de Portugal).