El Consell apoya el intento de los azulejeros de eludir el protocolo de Kioto
Pedirá al Gobierno flexibilidad para el sector al repartir los derechos de emisión de gases
El Consell mostró ayer su apoyo explícito a la patronal cerámica Ascer en relación con las reticencias manifestadas por los empresarios del sector en torno al cumplimiento del Protocolo de Kioto. Así, el Ejecutivo que preside Francisco Camps acordó trasladar al Gobierno español varias peticiones para conseguir un reparto de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que tenga en cuenta las características "especiales" de esta actividad industrial.
La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) ha difundido en los últimos días un informe, elaborado por una consultora, según el cual la aplicación de la directiva europea de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, emanada del Protocolo de Kioto, elevaría en un 34% los costes de producción, lo que obligaría a cerrar el 20% de las empresas y supondría la pérdida de 6.000 puestos de trabajo. Directivos de Ascer se entrevistaron el pasado 7 de enero con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y ayer el Consell aprobó una propuesta de apoyo al sector cerámico que incluye una petición al Gobierno central para que tenga en cuenta las características "especiales" de esta industria y flexibilice la aplicación de la directiva del mercado de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero de manera que "no suponga graves perjuicios" para el sector, según el consejero portavoz, Alejandro Font de Mora.
El consejero justificó este apoyo explícito a Ascer porque el sector cerámico es "altamente estratégico" para la Comunidad Valenciana y para toda España: aporta casi el 6% del PIB valenciano, el 13% de las exportaciones, genera más de 25.000 empleos y tiene una cuota de mercado mundial superior al 10%. "El cumplimiento del Protocolo de Kioto para reducir las emisiones de los gases responsables del efecto invernadero es uno de los objetivos prioritarios de la política medioambiental del Gobierno valenciano, dentro del marco de la Estrategia Española de Cambio Climático", señala el Consell, que, no obstante, precisa que este cumplimiento se tiene que compatibilizar con el "necesario crecimiento económico".
Font de Mora explicó que, tras la ratificación en 2002 por España del Protocolo de Kioto, el Gobierno central está elaborando, dentro de las iniciativas para reducir la emisión de gases responsables del efecto invernadero, el plan nacional de asignación de derechos de emisión, cuya conclusión está prevista para el 31 de marzo. Y añadió que el Consell apoya al sector cerámico valenciano en sus demandas respecto de la consecución de un reparto de los derechos de emisión que tenga en cuenta las características de esta industria.
Entre éstas, Font de Mora citó la reconversión tecnológica hacia procesos productivos y combustibles menos contaminantes, como el gas natural, que el sector efectuó con anterioridad a 1990, fecha tenida en cuenta para la asignación de permisos de emisión. De hecho se calcula que con esta reconversión, junto a la implantación de la cogeneración energética, las emisiones de dióxido de carbono por unidad de producto se han reducido más de la mitad desde el año 1985. El Consell destacó que el sector cerámico, una de las actividades incluidas en la primera fase de cumplimiento de la directiva, ya ha suscrito varios acuerdos con el Gobierno valenciano para fomentar inversiones medioambientales.
Por otra parte, el Gobierno valenciano aprobó también ayer el nuevo sistema retributivo del personal médico de atención primaria, que permitirá que los facultativos de los centros de salud cobren una parte de su complemento específico atendiendo a la consecución de objetivos y la otra en función de la carga real de trabajo, medida según el número de tarjetas sanitarias asignadas y el perfil de edad de los pacientes. El consejero de Sanidad, Vicente Rambla, explicó que la medida, que permitirá introducir criterios de "eficiencia" en el sistema sanitario se extenderá a atención especializada, pero vinculada en este caso a indicadores de actividad quirúrgica, demora o estancia media.
En la conferencia de prensa, Font de Mora consideró "vergonzoso" el acuerdo de Mequinenza firmado por aragoneses y catalanes "en contra del cumplimiento" del PHN y criticó las medidas que preparan para "bloquear" el plan.
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