Alternativa al sistema de habilitación

Las primeras pruebas de habilitación, que la LOU estableció para el profesorado universitario, parecen estar generando poca satisfacción, a tenor de las cartas publicadas anteriormente en éste y otros periódicos.

Aparte de que el procedimiento cuesta más del doble que el anterior, y la interferencia negativa que ejerce en el proceso productivo de muchos profesores participantes en las pruebas, ya sea en calidad de concursantes o de miembros del tribunal, apartándoles durante semanas o meses de sus funciones habituales, hay que añadir el componente subjetivo que toda elección personal lleva consigo, que es mucho más importante cuando hay más candidatos suficientemente preparados que plazas, como señala Javier Tejada (El País Digital, 12-1-2004), y hace los resultados de las pruebas inaceptables para la mayoría de los candidatos rechazados.

Preparar estas pruebas puede llevar un año, y no pasarlas requiere una enorme dosis de autoestima para no considerarlo un fracaso. Con la proporción de 10 a uno entre aspirantes y plazas, que se ha producido en muchas áreas de conocimiento, un profesor podría tener que presentarse 10 veces para ser habilitado, si tuviese la fuerza moral suficiente para dedicar 10 años de su vida profesional a este fin, y con la repercusión que eso podría tener en su rendimiento, tanto en docencia como en investigación.

La existencia de un filtro nacional para la incorporación de nuevos profesores a los cuerpos funcionariales, como es la habilitación, es completamente necesaria para garantizar la calidad de los mismos. Pero el procedimiento desarrollado por la LOU es demasiado costoso desde todos los puntos de vista. Para intentar paliar muchos de esos costos, propongo el siguiente procedimiento alternativo, que constaría de tres fases, la primera vez que se aplicase, y de sólo las dos últimas en las siguientes ocasiones.

En la primera fase, habría que constituir, en cada área de conocimiento, una comisión para cada cuerpo, integrada por un número de miembros del mismo, con la única función de elaborar un baremo con el que controlar el acceso a ese cuerpo. Una vez se dispusiese del baremo, nunca más sería necesario reunir comisiones o tribunales.

En la segunda fase se aplicaría el baremo a todos los miembros del cuerpo, mediante una aplicación informática que dispusiese de los currícula de los mismos y calculase la puntuación obtenida por cada uno. Los políticos deberían decidir a qué porcentaje de miembros actuales del cuerpo deberían superar los candidatos a entrar él. Una propuesta razonable sería el 25%.

La tercera fase consistiría en la aplicación del mismo baremo a los aspirantes a la habilitación, con la misma aplicación informática. Todos aquellos candidatos que sobrepasasen el listón previamente establecido (es decir, una puntuación superior a la obtenida por el 25% de los profesores pertenecientes al cuerpo) adquirirían la condición de habilitados, lógicamente sin limitación del número de habilitaciones.

Este procedimiento sería transparente, ya que cada aspirante podría conocer, a priori, cuál es el listón a superar (la propia aplicación informática lo indicaría) y, por tanto, qué méritos le faltarían para conseguir la habilitación. Además, la competencia sería impersonal, ya que los aspirantes se enfrentarían a un listón definido por el colectivo al que pretenderían pertenecer, y no entrarían en confrontación directa con sus propios compañeros de profesión.

Finalmente, la incorporación de nuevos miembros en un cuerpo, con puntuaciones superiores al umbral elegido, inevitablemente haría subir éste, con lo que el procedimiento contribuiría al mantenimiento de la calidad de los cuerpos funcionariales universitarios.