Sanidad acepta pagar médicos privados a 200.000 trabajadores de grandes empresas

La Consejería de Sanidad, con el apoyo de CC OO y UGT, se ha comprometido a seguir sufragando el sistema de entidades médicas colaboradoras que proporciona cobertura sanitaria a casi 200.000 personas en la región (empleados y familiares a su cargo de 17 grandes bancos, eléctricas y otras empresas). Éstos reciben asistencia médica al margen de la red de hospitales públicos. Sanidad ha aceptado poner el dinero, 38 millones de euros al año, pero ahora son las empresas las que decidirán si mantienen el actual sistema o envían a sus trabajadores a la red sanitaria pública.

El próximo 1 de mayo acaba la prórroga que Sanidad y las empresas (BBVA, BSCH, Banesto, Banco Urquijo, Unión Fenosa, Iberdrola y Endesa, entre otras) se han dado para resolver el futuro de las entidades colaboradoras. Si en esa fecha hay acuerdo, los 200.000 afectados seguirán recibiendo asistencia en clínicas privadas. Si no lo hay, la sobrecargada sanidad pública recibirá una nueva avalancha de pacientes.

Sanidad no quiere que esto ocurra y por ello se ha comprometido con UGT y CC OO a poner sobre la mesa el dinero necesario, 38 millones de euros al año. Éste es el compromiso que el viceconsejero de Asistencia e Infraestructuras Sanitarias, Arturo Canalda, adquirió el pasado jueves con los sindicatos.

El sistema de entidades colaboradoras se remonta a los años sesenta, cuando la sanidad pública no estaba implantada en España y algunas empresas se hicieron cargo de la asistencia médica de sus empleados. Años más tarde, cuando la sanidad pública se universalizó, estas empresas pactaron con el Estado seguir velando por la salud de sus empleados a cambio de reducir sus cuotas a la Seguridad Social.

Este modelo, sin embargo, cambió en 1998, cuando se aprobó una nueva fórmula de financiación estatal. En el nuevo sistema las empresas pagaban íntegramente sus cuotas a la Seguridad Social y el Estado les abonaba la atención sanitaria de sus trabajadores. Pero, según las compañías, el Ministerio de Trabajo no ha cumplido su parte del trato y éstas han visto cómo cada año se gastaban un dinero que luego el Estado no les reembolsaba.

Cansadas de esta situación, las empresas han comenzado a desprenderse de sus obligaciones. Telefónica, con más de 100.000 empleados y familiares a su cargo, cerró su entidad colaboradora el pasado verano. La compañía aceptó contratar de un seguro médico privado para sus empleados, lo que ha evitado su desembarco en la sanidad pública. A finales del año pasado, el resto de empresas anunciaron que querían hacer lo mismo. Pese a que estas compañías están presentes en toda España, la inmensa mayoría de sus trabajadores, unos 190.000, viven en la región.

Esta decisión logró algo inédito en la región: unir en el mismo bando a Sanidad, a los sindicatos y a la oposición política. Todos se mostraron partidarios de acordar una prórroga para negociar el mantenimiento de las colaboradoras. Esta negociación es la que se lleva a cabo ahora.

Gobierno, sindicatos y las empresas deben acordar un nuevo sistema que sustituya al antiguo. Este sistema se basará en la firma de conciertos con médicos y clínicas privadas, según manifestó Canalda. "Si la sanidad pública se hiciera cargo de estas personas tendríamos que pagar su atención médica. Si así lo quieren las empresas y sus trabajadores, no tenemos problema en gastar este mismo dinero en conciertos que permitan mantener las colaboradoras", añadió.

Las empresas no han hecho públicas sus intenciones, pero el compromiso de Sanidad de financiar el sistema termina en principio con el asunto que más disgustaba a las compañías. Talgo y Gas Natural, sin embargo, terminaron el 1 de enero con sus entidades colaboradoras.