Mejor de lo esperado

Cuando las previsiones de muchos expertos apostaban por una tasa anual de inflación de la economía española en 2003 en torno al 3%, la evolución del IPC en diciembre (0,2%) ha rebajado ese índice al 2,6%. El cuadro de indicadores de precios se completa con una tasa media de inflación durante el año del 3% y una subyacente del 2,5%. Todos los registros mejoran notablemente los indicadores de inflación de 2002, así que bien puede decirse que la evolución de los precios en 2003 ha mitigado al menos la pérdida continuada de competitividad de la economía española y permite albergar esperanzas de mejora en 2004.

La desaceleración de los precios en 2003 se apoya en el comportamiento más favorable de los alimentos no elaborados (6,4% en términos interanuales, frente al 6,7% del año anterior) y de la energía (-0,1% frente al 1,2% de 2002). Esa reducción en el tiempo es compatible con el hecho de que los alimentos siguen siendo uno de los factores más inflacionistas de la economía española. En cuanto a la inflación subyacente, destaca la divergencia entre la evolución de las manufacturas (1,2%) y de los servicios (2,6%). Los precios de los servicios, protegidos de la competencia, se resisten a bajar, mientras que la confrontación con los mercados internacionales ha limado los costes industriales.

Aunque el recorte de los precios en 2003 haya sido apreciable, la peor forma de aprovecharlo es mantener proyecciones eufóricas cuyos fundamentos no se explican. No debe olvidarse que la desviación sobre el IPC previsto (2%) tiene un coste en pensiones de 950 millones de euros para el Estado y de casi 800 millones para las empresas en forma de revisiones salariales. El ministro de Hacienda, con el viento en popa, se ha apresurado a pronosticar que en la primavera la tasa de inflación estará más cerca del 2% que del 2,5%. Demasiado optimismo para una economía que depende tanto de factores que el Gobierno se muestra incapaz de controlar como los precios de la alimentación o de la energía. Sería más realista un compromiso público para mejorar la competencia en los servicios.