La Generalitat de CiU compró terrenos cerca de Manresa para una cárcel
La Generalitat gobernada por CiU había previsto construir una nueva cárcel en el Bages, a tres kilómetros escasos de Manresa, muy cerca del Eix Transversal. El anterior Ejecutivo de la Generalitat compró 42,3 hectáreas de terreno en una zona no urbanizable del municipio de Sant Joan de Vilatorrada con la intención de edificar una prisión que podría tener como misión la de sustituir a la Modelo de Barcelona.
Las operaciones de compra y las propuestas del anterior Gobierno eran desconocidas por los políticos de la comarca del Bages. Ni el alcalde del municipio en el que se programó la construcción, ni el Consejo Comarcal, ni los alcaldes de las poblaciones contiguas conocían el asunto. El secretario general de Servicios Penitenciarios, Albert Batlle, confirmó ayer al alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Ezequiel Martínez, que los terrenos adquiridos tenían este fin, aunque el actual Gobierno tripartido aún no ha definido su política de creación de nuevas cárceles.
El Instituto Catalán del Suelo (Incasol) adquirió el pasado 29 de julio una parcela de 42,3 hectareas denominada Les Torres del Bages, situada al norte del municipio de Sant Joan de Vilatorrada, y que está muy próxima a la urbanización Pineda de Bages, ubicada en el municipio de Sant Fruitós de Bages. La finca se compró por 5,2 millones de euros. Está situada en suelo rústico y el Ayuntamiento de Sant Joan de Vilatorrada no tenía previsto revisar su calificación urbanística. El Incasol realizó la operación a instancias del Departamento de Justicia, que previamente se había comprometido a recomprar la finca al instituto en el plazo de un año.
Fuentes del Departamento de Justicia aseguraron que no hay en estos momentos una decisión tomada sobre el uso final que tendrá esta finca, aunque confirmaron la operación. El alcalde de Sant Joan de Vilatorrada se mostró contrariado por la actitud del anterior Gobierno de la Generalitat, por haber actuado "a escondidas" de los municipios afectados. Responsables políticos de Santpedor, Sant Fruitós de Bages y Manresa, los municipios colindantes, tampoco tenían conocimiento de las intenciones de la Generalitat.
Ayer, tras la reunión con Batlle, Martínez se reunió con su grupo municipal y con los responsables del resto de formaciones con representación en el consistorio. Para hoy ha anunciado un pronunciamiento, aunque anticipó que su posición no es favorable a la presencia de una prisión en su término municipal.
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