La falta de una ley universitaria deja a más de mil profesores en la inseguridad

La acumulación de retrasos que padece la ley vasca de Universidades, cuya aprobación y entrada en vigor sigue pendiente después de que el Parlamento la rechazase el pasado 29 de diciembre, ha extendido la incertidumbre en la comunidad universitaria, en especial entre el profesorado de la UPV que no tiene aún una situación contractual estable, algo más del 25% del total. El futuro de los casi 820 docentes asociados a tiempo completo y, sobre todo, el de los 212 que figuran como colaboradores no doctores ha quedado oscurecido por la misma indefinición jurídica que está retrasando de forma "preocupante", según los expertos consultados, la creación de una agencia vasca de acreditación.

Poner en marcha esta agencia es esencial para adaptar la evaluación de los docentes a las especiales características de la universidad vasca.

La situación más acuciante, con todo, la viven los 212 profesores colaboradores no doctores contratados por la universidad pública durante el pasado año. Englobados en una de las nuevas figuras creadas por el Gobierno central en la LOU, estos docentes tuvieron que presentar en su día un documento que certificase que habían solicitado a la Agencia Nacional de Acreditación (Aneca) un informe sobre su preparación, requisito exigido por la nueva normativa. El problema radica en que la mayoría de los informes recibidos hasta ahora de estos profesores, jóvenes sin mucha experiencia docente ni investigadora, han sido negativos, por lo que, en principio, la prórroga de su contrato en septiembre próximo es imposible.

"La Aneca está actuando de manera dislocada, muy rigurosa, por lo que es previsible que una gran mayoría no pase el informe", advierte el vicerrector de Profesorado de la UPV, Víctor Urrutia. La universidad pública esperaba que la nueva ley vasca estableciese una disposición transitoria que permitiese una prórroga de esos contratos y un nuevo informe posterior. Pero sin ley, no hay disposición, y si aquélla o, en su defecto, un decreto específico no entra en vigor antes de septiembre, gran parte de esos contratos tendrán que rescindirse. "Además, no vamos a poder sacar plazas porque no están definidas las nuevas figuras que establecerá la ley vasca, con lo que se puede producir un tapón importante", augura Urrutia.

"La vía más complicada"

Menos apremiante, aunque con un grado similar de indefinición, parece la posición de los más de 800 profesores asociados a tiempo completo que, por efecto de la LOU, que no recoge esta figura, deben adaptarse a una ley autonómica. "Hay casi 1.100 profesores con un horizonte gris y de transitoriedad. Algo más de 800 con un tono más claro y 212 con un tono más negro", describe Urrutia.

El vicerrector de Profesorado achaca este problema al camino normativo elegido por Educación. "Todas las demás autonomías han aprobado decretos que regulan esta situación. Somos los últimos y todo porque se ha optado por la vía más complicada, por una estrategia lenta que ha provocado que hayan pasado dos años y nos encontremos sin ley y sin visos de que se apruebe", dice.

La ausencia de una ley incide también en las nuevas contrataciones. La falta de determinación en los tipos contractuales de los futuros docentes, sumado al hecho de que el decreto provisional aprobado por el departamento ha sido recurrido por la UPV, que considera que ataca la autonomía universitaria, generan un bloqueo que puede repercutir en asuntos claves como la política lingüística. "En el caso de la normalización del euskera, el efecto es inmediato. No podemos contratar porque no sabemos qué tipo de profesores se requieren y qué condiciones deben cumplir para que sean válidos", argumenta el vicerrector.

El grupo de docentes bilingües puede convertirse también en el principal damnificado por el retraso que arrastra la futura agencia vasca de acreditación, lo que inquieta al rector de la UPV, Manuel Montero. "Necesitamos el desarrollo autonómico de la LOU que cree, entre otras cosas, la agencia de acreditación cuanto antes. Así, evitaremos una dependencia exclusiva de la Aneca, lo que provocaría trabas para la contratación. En cualquier caso, aunque se pusiera en marcha ahora, tardaría varios meses en ser efectiva", subraya.

Como recuerda Urrutia, la evolución singular de la UPV en las contrataciones ha dado como resultado un porcentaje de profesores asociados muy superior al resto de universidades españolas, en gran parte bilingües. "Una agencia vasca mostraría mayor sensibilidad hacia esta peculiaridad y podría establecer una situación transitoria para las plazas bilingües, pero como no la hay, no sabemos qué puede pasar", concluye.