Cinco años sin casa por un barrio de papel

La llegada de las excavadoras los expulsó de sus negocios, y en algunos casos hasta de sus casas, sin contemplaciones. Era una expropiación forzosa en aras de un proyecto de interés general: la Ciudad de Luz, que se construye al sur de Alicante, en el barrio de Agua Amarga. Sin embargo, el proyecto se gesta a cámara lenta: el complejo lúdico, que promueve el Consell, está en sus albores y, tampoco, la Administración ha cumplido lo pactado con los afectados, entre ellos 60 propietarios de viviendas: la construcción de un nuevo barrio a cambio de sus actuales casas, que se levantan a la entrada de la futura Ciudad de la Luz.

La nueva barriada, ubicada a unos 500 metros del primitivo enclave, que el Consell prometió a los afectados en abril de 1999 no ha superado la fase inicial, apenas planos y maquetas.

"Nadie está contento con el dinero recibido por las expropiaciones" dicen los vecinos

Los vecinos, la mayoría de ellos jubilados o pensionistas, siguen instalados en sus cada día más deterioradas viviendas y atrapados en un surrealista toma y daca entre la administración local y la autonómica. Cinco años después el Instituto de la Valenciano de la Vivienda y el Ayuntamiento no se ponen de acuerdo sobre a quién compete la ejecución de la obra, hasta el extremo de que no se ha liberado el suelo que ocupará el nuevo barrio.

Además del colectivo de residentes, otro grupo directamente perjudicado ha sido la veintena de comerciantes expulsados en los dos últimos años de la zona ante el inicio de las obras de urbanización de la Ciudad de la Luz. Entre este grupo de pequeños empresarios afectados, se encuentra Pablo Lázaro. "Nos pagaron precios ridículos, ya que nos descontaron la diferencia del valor de las nuevas casas o inmuebles, que sólo hemos visto en maqueta", afirma Pablo Lázaro, que regentaba un taller de grúas en una parcela de 600 metros cuadrados, 400 de ellos construidos.

Pablo Lázaro asegura que arriesgó todos sus ahorros en la puesta en marcha del nuevo negocio. "Por el local de Agua Amarga me ofrecieron 17 millones de las antiguas pesetas, una miseria, porque acabaron con la estabilidad de un negocio que costó 23 años levantar", dice. El empresario denuncia, además, malos tratos y abusos de poder por parte de las fuerzas policiales con motivo del desalojo de su local. "Denuncié los hechos en el juzgado, pero perdí el juicio por falta de pruebas", explica el afectado. "Han pasado dos años y mi terreno, una parcela de 600 metros cuadrados, sigue allí, con vallas publicitarias y anuncios de venta, y, entre tanto, yo me he visto forzado a instalarme en otro lugar. No estoy recogiendo papeles, gracias a mis ahorros de muchos años de trabajo", dice con amargura.

Los afectados por las expropiaciones de la Ciudad de la Luz, o la Ciudad del Cine como se rebautizó más tarde con la adhesión al proyecto del director Luis García Berlanga, han consumido ya un lustro de movilizaciones y reuniones con diferentes autoridades sin éxito, por el momento. "Nadie nos da una solución definitiva. Confiamos en que a partir del 15 de enero, cuando volveremos a entrevistarnos con el alcalde [Luis Díaz Alperi, del PP] se aclare nuestro futuro", afirma Juan Moreno, presidente de la Asociación de Vecinos de Agua Amarga, y uno de los afectados. Moreno era propietario de cuatro casas y un restaurante. "El restaurante lo mantengo, porque me negué a firmar el cierre hasta que me entregaran el nuevo local, que de momento sólo he visto en los planos", comenta.

De igual criterio es Antonia Molina, portavoz de La denominada Plataforma de Afectados por las Expropiaciones de Agua Amarga. "Nadie está conforme con el dinero recibido por la expropiaciones y, además, todos pagamos la diferencia [entre 30.000 y 70.000 euros, en función del tipo de vivienda] por las nuevas casas, que no llegan", asegura Molina.

La plataforma, aparte de reavivar periódicamente el calendario de movilizaciones -manifestaciones y concentraciones en la N-332 a su paso por la barriada como la protagonizada la semana pasada- también ha centrado sus esfuerzos en el Síndic de Greuges. "Hemos pedido amparo a la Sindicatura ante la lentitud y alto coste que supone iniciar un recurso contencioso-administrativo", subraya Molina.

Esta afectada, y el resto del colectivo, reclaman con urgencia la ejecución del pacto de abril de 1999 -fecha en la que se comunicó el inicio de las expropiaciones forzosas a los propietarios de 60 viviendas, 20 negocios y 25 parcelas sin edificar instalados en el barrio- En esa fecha, el entonces subsecretario de Urbanismo, Fernando Modrego, anunció que antes de finalizar el año 2000 estaría construido el nuevo barrio de Agua Amarga.

"Nosotros no tuvimos más remedio que firmar y aceptar la indemnización fijada por el Tribunal Provincial de Justiprecio, entre 60.000 y 70.000 euros, por vivienda, pero ellos siguen sin cumplir", concluye la portavoz de esta plataforma vecinal que mantendrá el calendario de movilizaciones hasta que no dispongan de sus casas.