El Gobierno inconstitucional

El Ministerio de Economía establece en el Programa de Estabilidad del Reino de España 2002-2006 que el objetivo económico prioritario de la economía española es "seguir avanzando en la convergencia real con los países más avanzados de la UE", y se propone como estrategia para conseguirlo "que la economía española registre tasas de crecimiento superiores a las de sus principales socios europeos". Si estudiamos los resultados obtenidos desde el año 1996 vemos que efectivamente las políticas económicas promovidas han conseguido mantener una tasa de crecimiento entre el 2% y el 5% anual, y se ha conseguido mantener una línea de convergencia hacia el resto de los países europeos (cuanto menos en términos de crecimiento).

Lo que no acostumbra a hacerse público es que esta misma política económica que impulsa el crecimiento acelerado aún ha sido más "exitosa" en aumentar la cantidad de recursos naturales y energéticos que nuestra economía necesita para funcionar. En el periodo 1996-2000 el uso de recursos naturales ha aumentado un 30%, y la eficiencia en el uso de los recursos (cantidad de recursos naturales necesarios para generar un euro del PIB) ha disminuido un 9%. La situación no puede ser más que considerada como muy grave si tenemos en cuenta que la huella ecológica española (cantidad de superficie necesaria para conseguir los recursos y absorber los residuos utilizados en la economía española) en el mismo periodo no ha dejado de crecer, y es ya tres veces la superficie del Estado español. Dicho de otra manera, nuestro sistema económico se mantiene gracias a la sobreexplotación irracional de los recursos naturales del territorio español y a la apropiación de los recursos naturales de otros países.

Dado que el artículo 45 de la Constitución Española establece: "Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva" y "para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado", y el celo demostrado por el señor Cardenal por el cumplimiento de la Constitución, ¿cuánto tardará el fiscal general del Estado en denunciar al señor Rato, ministro de Economía y vicepresidente primero del Gobierno, por promover el incumplimiento constitucional?