Epifanía

Durante estas Navidades, la prensa ha desgranado las primeras filtraciones del futuro programa electoral socialista. Y la impresión intuitiva que se desprende del listado de promesas es que nos hallamos ante una especie de doble carta a los Reyes Magos. Ante todo, una carta que los socialistas escriben a sus majestades, los electores soberanos, pidiéndoles que se dignen concederles su merecido regreso al poder. Pero también parece una carta a los Reyes, porque su factura es la de un listado de deseos gratuitos que los niños esperan de la magnanimidad de los Magos. Lo cual es lógico, dada la tendencia de los políticos a considerar a sus votantes como menores de edad a los que seducir con ofertas electorales sufragadas por el papá Estado. De ahí que baste con preguntar a cada colectivo qué es lo que demanda del Estado providencia para poder redactar la carta del menú electoral.

El programa filtrado parece estructurado en tres grandes áreas. Ante todo las cuestiones de Estado -políticas exterior y autonómica-, tan gravemente deterioradas por la segunda ejecutoria de Aznar que exigen un cambio radical simbolizado por la reforma del Senado. Después, la imprescindible reconversión institucional, necesaria para recuperar la calidad de nuestra democracia. En este segundo punto destacan elementos cruciales como el del sistema electoral, para el que se propone una tímida reforma -el desbloqueo de las listas-, pero que no llega a tocar su defecto esencial, que es su carácter mayoritario con sobrerrepresentación de los distritos rurales en detrimento de los más urbanizados. De ahí que partidos minoritarios como IU se hayan quejado con razón, pues la reforma propuesta les seguiría discriminando. ¿Por qué no avanzar hacia una mayor proporcionalidad, una vez que el Senado se convierta en Cámara de representación territorial?

También se ofrece reformar la financiación de los partidos políticos, causa última del asfixiante clima de corrupción, para lo que se propone prohibir toda financiación privada -algo discutible- y penalizar por fin las infracciones, pero dejándolo al cuidado de un Tribunal de Cuentas hoy por hoy carente de verdadera independencia arbitral. Aquí es donde más se echan en falta las verdaderas reformas institucionales que necesita nuestro sistema político, crónicamente aquejado de una gravísima falta de auténtica independencia de las autoridades de control regulador -como el sistema judicial y las demás agencias especializadas-. Pues, si bien propone reformar el Ministerio Fiscal, el programa del PSOE parece ignorar esta decisiva cuestión.

Queda la tercera dimensión programática, centrada en la universalización de los llamados nuevos derechos de ciudadanía. En línea con la no-dominación de Petit, se pretende proteger a las diversas categorías ciudadanas objetivamente discriminadas: las cinco emes de mujeres, menores, mayores, migrantes y minorías (ya sean minorías sexuales, culturales o discapacitadas). Y en este campo aparecen dos ofertas estelares. De un lado se apuesta por la paridad de género impuesta por decreto, lo que resulta polémico. ¿Por qué no proponer también la paridad por edades, dado que la discriminación por razón de edad es tan grave como la discriminación por razón de género?

La otra oferta, todavía más polémica, es la extensión de los derechos matrimoniales -como el de viudedad- a las parejas de hecho. Lo cual ha indignado a ministros y arzobispos, que alertan contra la amortización de la población activa -aunque esto pase tanto con amas de casa como con eclesiásticos-. Pero, en lugar de extender a todos el derecho a ser consorte dependiente, lo que habría de hacerse es abolir todo residuo de privilegio matrimonial -como ya sucede en Escandinavia-, pues, si hay que proteger a las mujeres, es por sí mismas, y no por ser esposas o viudas de alguien: los derechos son inherentes a las personas, sin que puedan derivarse de sus parejas formales. Es en esta oferta demagógica y en el fondo patriarcalista donde más se deja traslucir el carácter antes aludido de carta electoral a los Reyes Magos.