El 'oasis' de las cajas catalanas

La composición del nuevo arco parlamentario catalán surgido después de las elecciones del 16-N no va a repercutir en la composición de los órganos de gobierno de las cajas catalanas. Sin embargo, los últimos comicios y, sobre todo, los pactos poselectorales para lograr un Gobierno estable, sí han contado con las atentas miradas del sector, inquieto por conocer las intenciones del nuevo Ejecutivo, después del marcaje político en que se ha convertido el empacho legal del último año, aseguran fuentes del sector.

La batalla política librada en el seno de Caja Madrid para controlar la segunda caja de España o el agrio enfrentamiento de Cajasur con la Junta de Andalucía se han visto como algo extemporáneo en Cataluña, donde de las 10 cajas de ahorro presentes en la comunidad, sólo tres son de fundación pública, impulsadas por diputaciones: Caixa Catalunya (Barcelona) y las de Tarragona y Girona. Sin embargo, las tres no tardaron en adaptar sus respectivas asambleas a la limitación del 50% del peso político y público -con un año de vigencia- , tal y como se estableció en la Ley Financiera para esquivar que la Comisión Europea considerara a las cajas entidades públicas y otorgara a los créditos el carácter de subvenciones.

El modelo catalán de cajas se ha caracterizado por la independencia de sus órganos de gobierno

La Generalitat orientará la obra social a cubrir las necesidades de su entorno geográfico

En Cataluña las cajas están concebidas como entidades surgidas de la sociedad civil, antes que fundadas bajo el paraguas de instituciones públicas con el objetivo de atender necesidades de colectivos desprotegidos. El modelo catalán de cajas se ha caracterizado por la independencia de sus órganos de gobierno, sólo vulnerada por el impacto de la Ley Financiera, donde CiU y PP pactaron la salida de Josep Vilarasau como presidente de La Caixa, la mayor caja de España, con un tope de 20 años en el cargo para los consejeros. Esta medida afectó también a las presidencias de otras entidades: Josep Parera en Caixa Penedès, Pere Rifà en la de Manlleu y Antoni Serra Ramoneda en Caixa Catalunya, aunque otro malabarismo legal salvó su silla.

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) está dispuesto a aprovechar su buen resultado en los comicios municipales, en las que duplicó el número de concejales, para desembarcar en los máximos órganos de gobierno de las cajas, comenzando por Caixa Catalunya y Caixa Layetana, que preparan la renovación de sus consejos de administración durante el próximo año. Según el responsable del área económica del partido independentista, Josep Huguet, ERC pasaría a estar representado en cinco entidades, en lugar de la única, Caixa Manlleu (la más pequeña de España), en la que hasta la fecha mantiene una consejera.

Tras las últimas municipales, ERC cuenta con 1.300 concejales, frente a los 1.700 del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), una diferencia que, a juicio de la dirección de la formación republicana, "no justifica" que su partido casi no tenga presencia en los consejos de las cajas, "mientras que el PSC controla la mayoría de ellos". ERC ha pasado de tener 42 alcaldías en Cataluña a controlar un total de 123, con lo que vía ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones, que están representados en las cajas de ahorro en calidad de corporaciones locales, espera poder acceder a los consejos de administración.

Las corporaciones municipales son la principal vía de entrada de los políticos en los órganos de gobierno de las cajas catalanas cuyo origen es de naturaleza privada (entidades fundadoras o de interés social). Al resto de sillas de las asambleas se accede a través de las entidades fundadoras, de los impositores y de los empleados.

ERC, la llave de la estabilidad de la nueva Generalitat de Cataluña, promovió durante la campaña una nueva ley de cajas para aplicar medidas de mayor "transparencia, democracia y control interno" en las cajas, a las que piden más implicación en la economía productiva y una mayor apuesta por la vivienda social. Fuentes del sector aseguran que cuando CiU se acercó a ERC para intentar un pacto de gobierno, detectó en ERC un programa "muy intervencionista". Uno de los principales retos de ERC es garantizar "un porcentaje mínimo" de los recursos captados en Cataluña a inversión en esa comunidad, independientemente de la nacionalidad de cada caja.

Nada de ello queda en el pacto del Gobierno tripartito (PSC, ERC e ICV-EUiA), que, sin embargo, contiene un punto calificado como paradoja por fuentes del sector. Se esperan retoques en la ley de cajas, sí, pero con la intención de "preservar el actual modelo catalán" y estabilizarlo, según el nuevo consejero de Economía y Finanzas del Ejecutivo catalán, Antoni Castells.

En concreto, el Pacto para un Gobierno catalanista y progresista habla de "mantener el actual modelo de las cajas de ahorro como entidades de naturaleza fundacional", de "realizar las reformas legales necesarias para preservar y consolidar este modelo y para evitar las interferencias legislativas, invasivas de las competencias autonómicas, recientemente producidas por el Gobierno central" y de "asegurar la inedepencia y representatividad efectiva" de sus órganos de gobierno.

El acuerdo tripartito, sin embargo, sí establece un "mínimo obligatorio de dotaciones a la obra social, congruente con la viabilidad financiera de las entidades y se reforzarán los órganos de gobierno responsables de velar por este aspecto", que se deja abierto.

Asimismo, "desde la Generalitat se orientará la acción de la obra social de todas las cajas que operan en Cataluña para que se destine efectivamente a cubrir las necesidades sociales y culturales de su entorno. En este sentido, se establecerán los mecanismos adecuados con el fin de asegurar la supervisión y el establecimiento de las grandes orientaciones por parte de los poderes públicos, incluido el Parlament", según el programa.