Más de 300 juristas critican la reforma contra el 'plan Ibarretxe'

Un colectivo de 115 penalistas se ha sumado a los 140 integrantes del Grupo de Estudios de Política Criminal y a los más de 100 constitucionalistas muy críticos con la reforma del Código Penal realizada en menos de un mes y que hoy entra en vigor para penalizar posibles decisiones políticas de los dirigentes vascos Juan José Ibarretxe y Juan María Atutxa: la convocatoria ilegal de un referéndum y la subvención pública a partidos disueltos.

La reforma del Código Penal anunciada el 28 de noviembre por el ministro de Justicia, José María Michavila -a través de una apresurada enmienda del PP a un proyecto de ley sobre la Ley de Arbitraje, que ultimaba su trámite en el Senado-, no dejó lugar a duda de que pretendía penalizar la futura convocatoria de un referéndum por el lehendakari Juan José Ibarretxe sobre su propuesta de reforma del Estatuto vasco y la decisión de Juan María Atutxa, como presidente del Parlamento vasco, de subvencionar a partidos o grupos disueltos o a los que les sucedan.

La creación con esa finalidad de sendos delitos, castigados desde hoy con hasta cinco años de cárcel, fue apoyada por el ministro portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, sentado junto a Michavila en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, al evaluar que tales nuevos tipos penales son "la respuesta serena y contundente al camino emprendido por el PNV: del consenso a la confrontación total".

De ahí que el último Manifiesto de 115 penalistas -44 catedráticos de Derecho Penal y 71 profesores titulares de esa asignatura- califique la iniciativa del Gobierno de "fraude a la Constitución". Desde "la responsabilidad y la obligación de ofrecer a la sociedad a la que servimos", dicen, "la opinión de los estudiosos sobre los problemas penales", describen así la creación de esos dos delitos: "Burla de la normalidad parlamentaria para el modo de producir leyes, vulnerando los principios que, según explicamos a nuestros alumnos, deben informar tanto la política criminal en un Estado social y democrático de derecho como la racionalización material y formal del proceso legislativo".

De nuevo el "delito político"

En la misma línea, 140 penalistas -en su mayoría catedráticos y profesores de Derecho Penal, junto a magistrados y fiscales-, al día siguiente de que Michavila anunciara la medida, la evaluaron como "la reintroducción en nuestra legislación del delito político", propia de "un Gobierno con vocación totalitaria", a la vista de su voluntad de solventar conflictos políticos por la vía penal.

Otro colectivo de 110 especialistas en Derecho Constitucional suscribió el 10 de diciembre otro Manifiesto, auspiciado por la Fundación Alternativas, en el que se denuncia la "involución democrática" de las últimas reformas del Gobierno y, refiriéndose a la creación de los dos nuevos tipos penales, reprocha al Ejecutivo central "el ilegítimo y torpe uso de las normas penales como instrumento de lucha política y de pretendida rentabilidad electoral, propias de una mentalidad antidemocrática".

La mayoría absoluta del PP en las Cortes ha llevado la tan criticada reforma penal al Boletín Oficial del Estado, que la publicó ayer. Una disposición final establece que hoy entrarán en vigor los dos nuevos delitos. Uno de ellos, el relativo a las subvenciones, "puede aplicarse inmediatamente, tanto por el pago de fondos parlamentarios como municipales o de otra entidad pública a personas físicas o jurídicas vinculadas a partidos disueltos", según el catedrático Luis Arroyo Zapatero, uno de los promotores del Manifiesto de los 115 penalistas.