Del barrio al reformatorio y... viceversa

Por el taller de Íñigo, en el barrio madrileño de San Fermín, pasan a diario multitud de malhechores. Hay quien dice que aquello, más que un taller de mecánica, es un "taller de delincuentes". Porque por allí van jóvenes como Susana, de 16 años, que llega con un parte de expulsión del instituto porque ha tirado una puerta abajo. O como Diego, que a sus 14 años en noviembre aún no había conseguido plaza en un centro de la zona porque están saturados de chicos conflictivos como él y se pasa el día "por ahí, con los colegas del barrio". O como Alfonso que, a sus 18 años y recién salido del centro de reforma donde cumplió su última medida de seis meses, ha vuelto al barrio y ahora tiene una causa abierta más grave: "Entré con una beca de ladrón y he salido con un doctorado de asesino", dice. Según Íñigo Ortiz, responsable de estos talleres de garantía social gestionados por la asociación Alucinos, tienen 186 causas abiertas de chicos como ésos.

"Ocho años aquí es mucho tiempo para un joven de 14 o 16", dice el director de un centro

"Entré con una beca de ladrón y salí con un doctorado de asesino", asegura un menor

Sus nombres son ficticios, pero sus historias son tan reales como la vida misma y sus fechorías han vuelto a cuestionar la Ley del Menor, en vigor hace tres años.

Son menores con historiales delictivos labrados desde la más temprana adolescencia y cuyas familias, repletas de problemas económicos, de drogas, de encarcelamientos y de muertes, no han sabido o no han podido llevarles por un camino mejor y ahora están ahí: en el barrio, en la calle.

La mayoría responde fielmente al perfil del menor delincuente, el mismo de los asesinos de Sandra Palo -violada, atropellada y quemada viva el pasado mayo en un barrio de Madrid por cuatro jóvenes-. "Varones de entre 16 y 17 años, de nacionalidad española, que no han alcanzado el título de graduado en ESO", en palabras de José María Alonso, consejero de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, donde hoy funcionan ocho centros de reforma (cuatro en régimen cerrado, tres en semiabierto y uno terapéutico para drogodependencias) y hay 151 plazas, todas ocupadas en la actualidad. En toda España hay 68 centros, con entre 15 y 40 plazas, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Aunque casos tan aberrantes como el de Sandra Palo pusieron inmediatamente en cuestión la benevolencia o no de la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor y su posible reforma, son los menos frecuentes. "Los delitos que se llevan la palma son los robos con violencia, ya sea verbal, de grupo o con armas, y los robos con fuerza", dice J. Andrés Fernández Salagre, inspector jefe del GRUME, unidad de menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Él, con años de experiencia, asegura que la ley, al incluir como menores infractores a los jóvenes de entre 16 y 18 años, ha supuesto multiplicar por tres las detenciones: "Hemos pasado de 50 al mes, a entre 150 y 180", dice.

El Sindicato Profesional de Policía (SUP) difundió recientemente sus cifras sobre la delincuencia juvenil que se resumían en un titular: "Los jóvenes cometen más delitos y más graves que hace 10 años, y los que más aumentan son los robos con violencia o intimidación (en más de un 90%)". Según los datos de la Fiscalía General del Estado, el año pasado hubo 24.641 delitos de ese tipo cometidos por menores, mientras que los "delitos contra la vida" (con o sin resultado de muerte) fueron 111.

Los expertos realizan diversas lecturas sobre el incremento de la delincuencia juvenil: uso de menores por mafias, falta de vigilancia adulta, inmigración y marginalidad... Este aumento de casos y la virulencia de algunos han reabierto el debate sobre la Ley del Menor en el que se enfrentan dos derechos: el de los menores a ser protegidos y el de la sociedad y las víctimas a estarlo también.

Las preguntas que surgen de esa polémica son varias: ¿hasta dónde llega la responsabilidad del menor?, ¿ha de limitarse su castigo al aislamiento o debe ir acompañado de una acción socioeducativa?, ¿son las medidas tipificadas en la ley suficientes?, ¿son aplicables con los recursos existentes?; si el objetivo es la reinserción, ¿son los centros de reforma los sitios adecuados para este fin?, ¿podrían evitarse muchos de los delitos?...

En lo que atañe a la responsabilidad, la ley lo dice bastante claro: "Se establece inequívocamente el límite de los 14 años para exigir este tipo de responsabilidad sancionadora a los menores de edad penal, y se diferencian dos tramos, de 14 a 16 y de 16 a 18 años".

Sin embargo, y pese a que, según fuentes policiales, los delitos de jóvenes de 14 años no son los más significativos en la lista de infracciones cometidas por menores, algunos opinan que ese límite de edad es erróneo. "¡¿Cómo es posible que la ley se plantee la impunidad total de los menores de 14 años?!", pregunta Esteban Ibarra, presidente del Movimiento Contra la Intolerancia. "Apoyamos los principios de resocialización, pero no sancionar a un menor de 14 años si delinque no es educativo, sino que fomenta la delincuencia".

También Fernández Salagre advierte de esa circunstancia: "Se debería cambiar el grado de responsabilidad de los menores inimputables (menores de 14 años), porque eso sí que les da sensación de impunidad y genera después una dinámica delincuencial".

Una respuesta a esta cuestión la aportan algunos de los artífices de la actual ley, como el fiscal Félix Pantoja: "Se trata de una decisión política, igual que decidimos no dar plenos derechos hasta los 18. La teoría del discernimiento, que consiste en medir la madurez de los menores para calcular su grado de responsabilidad en los delitos, existía en el Código Penal de 1870 y estaban las cárceles llenas de críos. Pero la actual ley incluye un modelo de progreso social".

El espíritu de la vigente ley, con el que todos los entrevistados se muestran de acuerdo, se basa en el castigo por la comisión de un delito, pero con un importante componente socioeducativo. Es decir, se trata de aprovechar la sanción para dotar de instrumentos al menor que le permitan vivir y entender el mundo sin tener que recurrir al comportamiento delictivo.

Pero a este respecto también el debate está servido, ya que hay quienes piensan que la ley es excesivamente benévola y otros la ven suficientemente dura. Analizarlo implica ir al lugar en el que los menores cumplen sus "penas" (medidas): los centros de reforma, más conocidos como reformatorios.

El Madroño, con 15 internos, es uno de estos centros en Madrid. Es un edificio de dos plantas con una pequeña finca alrededor en la que hay huerta y granja, que cuidan los internos, y varios talleres.

Lo primero que se le entrega a cada nuevo interno es el horario y el reglamento, que recoge sus derechos y deberes y las consecuencias de su incumplimiento. En Madrid, por ejemplo, una falta grave es una amenaza y puede conllevar el encierro con llave en la habitación por un máximo de tres días.

El horario está lleno de actividades y el ocio programado. "Estábamos todo el día haciendo algo. Picando en la huerta, en el taller..." , recuerda Alfonso. "Tenemos comprobado que un ocio de más de dos horas al día -incluyendo una hora de descanso solitario en la habitación- supone mayor conflictividad. El horario les da seguridad porque, acostumbrados a una vida caótica, les tranquiliza", dice Socorro Alonso, coordinadora de los centros de la Comunidad. "Ocho años, que es la pena máxima, en un centro de éstos es mucho tiempo para un chaval de 14 o 16 años. Son edades cruciales en el desarrollo de una persona", dice el director de El Madroño.

Pese a que las víctimas consideran que se trata de medidas "ridículas" y proponen un incremento de las penas, los organismos implicados, desde los fiscales hasta los educadores, consideran que son suficientes y que lo que no se consiga en ocho años (más 10 de libertad vigilada) con un menor, no se consigue después. Los educadores sostienen que no hay que olvidar el contexto social del que provienen la mayoría de los menores. "Han sido víctimas de situaciones que no eligieron y ahora se les convierte en verdugos", dice Alonso. "No podemos poner al mismo nivel el dolor de las víctimas y las razones de los técnicos". Pero esos argumentos no convencen a Maribel Lacañina, que encontró a su madre cosida a puñaladas en su casa y pilló in fraganti a los menores (sus propios vecinos) que perpetraron el crimen. "Las medidas que les ponen son penosas. Hay niños que no lo son. Por mí, que les caiga cadena perpetua, aunque allí dentro hagan lo que quieran para recuperarlos. La ley está hecha para defender al menor y no a la víctima".

Los expertos coinciden en que la falta de recursos y de coordinación echa a perder el trabajo realizado en los reformatorios al perderse de vista la prevención y el seguimiento de los casos. "Hay que prevenir el delito e ir a los focos y a las causas de esa desestructuración familiar, de ese fracaso escolar, de esa falta de referentes y de valores, y ahí es donde está la labor de los ayuntamientos. Hace falta más trabajo de calle", dice Pedro Núñez Morgades, defensor del Menor. "Si no podemos encauzar a un ser que aún no tiene formada su personalidad, no es que falle la ley, fallamos nosotros".

Según Alonso, un 20% de los jóvenes que ingresan en los centros vuelven hacerlo después. Pero, ¿y los que no vuelven, como Alfonso? La respuesta es unívoca: vuelven al barrio y a delinquir y pronto son mayores de edad e ingresan en prisión directamente, su reinserción es cada vez más complicada, y su carrera delincuencial, más sólida. "Con algunos sólo hacemos un trabajo de seis meses, que es lo que dura su medida. Hacemos lo que podemos Pero luego vuelven al barrio sin más apoyo, la normalización de sus vidas se complica. Nuestro trabajo se termina cuando salen". El paso por los centros se convierte en un viaje con billete de ida y vuelta: del barrio al reformatorio y... viceversa.