Los gobiernos se dan dos años para decidir cómo financiar la lucha contra la brecha digital

"La declaración de la Cumbre de Ginebra nos suministra de alguna manera la constitución de la sociedad de la información. Ésta debe tener una dimensión social y debe privilegiar el desarrollo". Estas palabras del presidente suizo fueron prácticamente las últimas que se escucharon en el plenario de clausura. Era el 12 de diciembre.

Entre los representantes diplomáticos había una satisfacción profesional por haber evitado el bochorno de Cancún, una cumbre sin acuerdo, pero también serias dudas sobre el acatamiento a esta constitución. Representantes de los grupos civiles e incluso algún portavoz gubernamental, como el norteamericano, llegaron a verbalizar su temor a que se quede en papel mojado.

La Declaración de Ginebra enmarca la implantación de la tecnología digital en una sociedad respetuosa con los Derechos Humanos y con una potente política educativa. El Plan de Acción contempla la conexión de todas las aldeas del planeta en 2015. La cumbre tendrá una segunda fase en Túnez en 2005. Allí se deberá tomar una decisión sobre los dos asuntos aparcados en Ginebra: cómo se financia el plan de acción y cómo se gobierna Internet.

Varios ponentes criticaron los "excesivos costos" de acceso a la tecnología en los países en desarrollo. El sistema de tarificación de las conexiones a Internet penaliza a los países pobres. Dado que el coste de la llamada, en su gran parte, corre a cargo de la operadora del país del internauta y la mayoría de servidores se encuentran albergados en países ricos, éstos pagan menos para acceder a los datos, por su cercanía a los mismos.

Las entidades civiles hicieron sus trabajos organizadas en, según la jerga onusiana, caucuses temáticos o territoriales. El 14 de noviembre, la Sociedad Civil anunció en un documento su parcial retirada de los trabajos. La declaración lo justifica por el desvanecimiento de las propuestas civiles cuando han llegado a los salones de la negociación diplomática.

En el documento, estos grupos critican la resistencia de los países ricos a financiar la superación de la brecha digital y las timoratas declaraciones sobre la libertad de expresión. Para este grupo "algunos gobiernos no están preparados" porque temen el poder de las nuevas tecnologías, su capacidad de fomentar experiencias colaborativas y la comunicación global. Fruto de esos trabajos, la Sociedad Civil lanzó su propia declaración.

Meryem Marzouhi, francotunecina, que coordina el caucus de los Derechos Humanos, admitía que se ha conseguido que el documento final de la cumbre cite expresamente la Declaración de los Derechos Humanos. "Pero esta declaración tiene 55 años y Ginebra era una excelente ocasión para avanzar y adecuarla a los nuevos derechos ciudadanos que plantea la sociedad de la información. No se ha hecho. Estamos decepcionados por perder esta oportunidad".

Para Marzouhi hay un segundo problema. "Cuando se lee atentamente la declaración y el plan de acción hay una salvaguarda de las legislaciones nacionales que permitirá a las dictaduras hacer lo que quieran".

Sobre la convocatoria de la segunda fase de la cumbre, en Túnez, Marzouhi explica que el caucus va a exigir la libertad para los encarcelados por expresar sus opiniones; garantía firme de que la sociedad civil tunecina va a participar sin restricciones, y el relevo del militar actualmente encargado de su organización.

Valeria Betancourt, del caucus América Latina y Caribe, comentaba que "nuestro objetivo para involucrarnos en la cumbre es activar procesos nacionales". Para Betancourt, la cumbre no tiene legitimidad porque "se nos ha reconocido como actores de la misma, pero no se han tomado en consideración nuestras propuestas. En la declaración final o están ausentes -la importancia regional de los telecentros- o se citan de manera reduccionista, como la importancia de los medios comunitarios o del software libre".

El bajo perfil participativo de los gobiernos latinoamericanos, con excepciones como Brasil, Argentina o México, se debe, según Betancourt, a la austeridad económica y a que no hay una alta conciencia en las cúpulas gubernamentales de lo que significa la sociedad digital.

"La única ocasión en que Latinoamérica intervino como bloque fue en febrero, durante las negociaciones previas, para frenar un borrador inaceptable". Betancourt insiste en que la cumbre debe servir en su zona para activar la reflexión sobre el impacto en la vida y el trabajo que tienen las tecnologías y para que la sociedad civil "adquiera destrezas para los procesos políticos".

Ana Moreno, de la Fundación Directa, participó en los trabajos del caucus sobre género. A pesar de las dificultades, Moreno considera que la mera existencia de la cumbre ya es positivo porque genera un debate social y político sobre las nuevas tecnologías y su uso social. "No se puede esperar que la declaración recoja pormenorizadamente los problemas de la mujer", que son muy distintos según la sociedad donde viva y su clase social.

Internet y la mujer

"Es necesario que la mujer esté en los procesos de toma de decisiones". En muchos países, los problemas de la mujer son invisibles, están ocultados, y la mujer relegada. Moreno da especial importancia a uno de los puntos reclamados por el caucus de género: que se atienda a las necesidades específicas de la mujer que las tecnologías pueden resolver. "En unos países el principal problema será la higiene familiar y el combate contra el Sida, porque, además de las víctimas, sobre las mujeres recaen las consecuencias de este drama. En los países desarrollados el trabajo en red puede ayudar a conciliar la vida laboral y familiar".

En los alrededores del salón de plenarios se instaló un recinto ferial en el que empresas, gobiernos y organizaciones civiles -la mayoría en unos ascéticos despachos- organizaban reuniones y exponían sus planteamientos.

Esta cumbre ha tenido un aspecto inédito: dar voz a estas organizaciones en una cumbre que empezó a andar hace cinco años como una simple cumbre tecnocrática para discutir de infraestructuras. También ha servido para movilizar un debate sobre la urgencia de políticas digitales.