Salvem El Cabanyal sostiene que la reforma de la ley de patrimonio vulnera la norma estatal

La reforma de la vigente Ley de Patrimonio Cultural Valenciano planteada por el Consell, que se encuentra ya en las Cortes Valencianas para su tramitación, es una mera excusa para "eliminar las barreras" que suponen las normas vigentes al "urbanismo depredador". Así lo entiende la Plataforma Salvem El Cabanyal, contraria al proyecto del Ayuntamiento de Valencia de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez "arrasando" el barrio marinero de El Cabanyal-Canyamelar. Más aún, la plataforma sostiene que la reforma prevista por el Consell vulnera la norma estatal.

Esteban González Pons, consejero de Cultura, justificó la reforma de la ley de patrimonio planteada hace unas semanas en la necesidad de "adaptar" la legislación a los nuevos tiempos. Pero la oposición vio de inmediato una "trampa" a través de la cual el Consell persigue dotarse de base legal para aprobar los polémicos proyectos de prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez de Valencia a través del barrio de El Cabanyal-Canyamelar y la construcción de un palacio de congresos en la ladera del monte Benacantil de Alicante. Y, por otro lado, evitar el cumplimiento de la sentencia que obliga al Consell a derribar la reforma del Teatro Romano de Sagunto.

José Luis Ramos, abogado de la plataforma Salvem El Cabanyal es más preciso: "Pensamos que la reforma tiene por finalidad eliminar las barreras que el patrimonio cultural supone para el urbanismo depredador".

Ramos sostiene que el Consell pretende aplicar a los conjuntos históricos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) las previsiones que la ley estatal establece para los conjuntos no BIC al permitir remodelaciones urbanas sólo en el caso de que impliquen una mejora de sus relaciones con el entorno territorial urbano o cuando eviten usos degradantes para el propio conjunto.

Las modificaciones de la norma en tramitación "significan, de hecho, la desaparición de un régimen mínimo de protección", según Ramos, "al señalar que "con carácter excepcional" el Consell podrá autorizar que los planes especiales de protección de los conjuntos históricos prevean modificaciones de la estructura urbana y arquitectónica cuando "se trate de actuaciones de interés general para el municipio o de proyectos singulares relevantes", que, además, no se condicionan a la mejora del conjunto protegido. En este sentido, Ramos recuerda que la ley estatal establece "unos mínimos" de protección de bienes culturales y considera que la ley en tramitación vulnera ese espíritu porque las comunidades autónomas "pueden mejorar" esa protección, "nunca empeorarla".

El Consejo Jurídico Consultivo también incide en este asunto y señala que si la nueva ley no garantiza unos principios mínimos de mejora del entorno en los proyectos de remodelación urbana de zonas de interés cultural "se podría producir el contrasentido de que el plan especial de protección pudiera provocar la desnaturalización del bien protegido".