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Reportaje:LA POSGUERRA DE IRAK

EE UU criba la justicia de Irak

Sólo hay 660 jueces y trabajan en unas condiciones caóticas; muchos piden armas para poder defenderse

"La justicia era absolutamente arbitraria. Los jueces tenían pánico", asegura el magistrado Mahmud Abdul Fatá. Es bien sabido que hablar de justicia independiente en el Irak de Sadam Husein (1979-2003) es un sarcasmo. Pero en Mesopotamia, región que 1.800 años antes de Cristo vio nacer la primera compilación escrita de leyes de la humanidad -el Código de Hamurabi-, sólo establecer un sistema judicial digno de tal nombre va a requerir una tarea ímproba. Y conseguir que funcione, Dios y ayuda.

Para empezar hay que eliminar numerosos vestigios del pasado más reciente. Tres iraquíes y tres extranjeros forman un comité encargado de entrevistar a los 725 jueces que ejercían en Irak antes del 20 de marzo, cuando la coalición anglo-estadounidense invadió el país. "Se trata de expulsar a los corruptos que mantenían estrechos vínculos con el régimen. Unos 120 ya han sido expulsados", afirma Abdul Fatá. Pero la labor de limpieza continúa.

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Así las cosas, hoy día "desempeñan su labor en los tribunales iraquíes 660 jueces aproximadamente", según el ministro de Justicia, Hashim al Shibli, 65 menos de los que firmaban sentencias hace sólo ocho meses, cuando el tirano de Tikrit regía los desatinos del país sin contemplaciones. Al menos 60 flamantes jueces han comenzado a ejercer y a aplicar códigos que datan de las décadas sesenta y setenta, que proceden a su vez de leyes impuestas bajo el mandato británico que concluyó en 1958. Son sólo unos centenares para un país que ronda los 25 millones de habitantes. En España, con 40 millones, y sin ser tampoco el paraíso en esta materia, son 3.000.

Pero el problema más acuciante al que se enfrentan los juzgados es el de la seguridad. "Recientemente", recuerda Abdul Fatá, "un juez ordenó la detención de un hombre. Sin demora, muchos individuos de su clan se presentaron en el juzgado Kaláshnikov en mano y exigieron su liberación". Abdul Fatá no puede precisar la decisión que adoptó el juez, pero lo que es seguro es que lo hizo con el miedo metido en el cuerpo. En pocos meses, tres jueces han sido asesinados en diferentes ciudades.

Fuentes de la Autoridad Provisional para Irak señalan que hay jueces que han comenzado a solicitar permisos para portar armas. Subraya Abdul Fatá que antes de la guerra "ni el 1% de los jueces las llevaba". Pero la violencia afecta sobre todo a los menos bravos. Samira es una abogada que no está dispuesta a trabajar con la pistola en el bolso. Y ha elegido una solución drástica: "He cerrado mi despacho", afirma.

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El día a día en los juzgados es un permanente quebradero de cabeza. En una corte del céntrico barrio bagdadí de Karrada, rodeada de abundantes restos putrefactos de comida, ejerce Luway Elali. Es un abogado penalista cincuentón que recuerda cómo funcionarios de la judicatura y autoridades policiales maltrataban a los letrados en la época de Sadam. "Nos exigían continuos sobornos", afirma Elali, que subraya que la situación, lejos de mejorar, ha empeorado en ocho meses de completo desbarajuste. "Es gravísimo. El Consejo de Gobierno

[organismo controlado por la Autoridad Provisional para Irak] ha depurado a jueces y altos mandos policiales. Sin embargo, se ha olvidado de renovar a los agentes y funcionarios de a pie. Y, como la situación económica es lamentable, ahora exigen aún más dinero".

Por si fuera poco, elementos de prueba esenciales para dictar sentencias simplemente no existen. Elali afirma que muchos funcionarios han destruido papeles para poder reclamar dinares por los nuevos trámites. "Sólo a veces los particulares poseen copias de los documentos para probar, por ejemplo, que un terreno les pertenece". Sin escritos oficiales, numerosos procesos deben comenzar a instruirse desde el principio. Los demandantes optan en estos casos por aportar testigos. Y entonces el remedio puede ser peor que la enfermedad.

Abdul Fatá incide en un obstáculo casi insalvable: "Incluso para probar deudas se recurre a la prueba testifical. Pero no es extraño que ambas partes presenten testigos que se contradicen". ¿Qué hace el juez? "No puede darle la razón al demandante". El asunto queda sin resolver a la espera de nuevas pruebas, con un peligro: que los particulares traten de hacer justicia por su cuenta, algo que sucede con mucha frecuencia.

Pero Luway Elali no desea echar la culpa de todos los desastres al empedrado. A su juicio, el partido Baaz no es culpable de todos los males, ni tampoco las tropas estadounidenses. "También es responsable la población, que asaltó los tribunales y los registros porque todo lo identificaba con el régimen de Sadam". Sobre la coyuntura que atraviesa la justicia en Irak hay una sentencia unánime: es un caos.

Un cámara filma la sede en Bagdad del nuevo tribunal de guerra para Irak que  juzgará los delitos de genocidio.
Un cámara filma la sede en Bagdad del nuevo tribunal de guerra para Irak que juzgará los delitos de genocidio.AP

Escuela de futuros magistrados

Mahmud Abdul Fatá ejercía como juez de familia en Mamuhdiya, 30 kilómetros al sur de Bagdad. Ahora afronta otra tarea no exenta de obstáculos. Es director de Estudios del Centro de Formación Judicial, la escuela que instruye durante dos años a los futuros magistrados de Irak. Abdul Fatá explica que las enormes carencias de transporte y la falta de seguridad obligan a que los alumnos pasen menos horas de clase. Normalmente, cada año comienzan los estudios entre 350 y 700 aspirantes de entre 28 y 40 años. Pueden elegir una corte en cualquier ciudad iraquí para sus prácticas de verano.

Abdul Fatá asegura que en la escuela se han propuesto transformar radicalmente el sistema de acceso a la judicatura. "Durante el régimen de Sadam", afirma, "no bastaba la graduación. Era necesaria la firma del presidente. Esto va a cambiar. El tribunal juzgador de los alumnos lo decidirá todo a partir de ahora".

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