El TSJ culpa a un policía de provocar disturbios en el fútbol por unas declaraciones

La sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha impuesto a un policía nacional destinado en la provincia de Alicante una sanción de pérdida de remuneración por dos días y suspensión de funciones por el mismo tiempo, ya que considera que cometió una falta leve cuando realizó unas declaraciones que fueron reflejadas en un periódico de Melilla y a las que, en una información posterior, se atribuyeron unos altercados ocurridos en el partido entre el Melilla y Elche disputado el 30 de junio de 1999.

La sala estima el recurso del agente contra una resolución de la Dirección General de Policía que le impuso una sanción de cinco días, castigo que rebaja a los dos días señalados. La resolución recurrida declaró probado que el 27 de junio de 1999, a la finalización de un partido disputado en Elche entre el Melilla y el equipo local, al que asistió el agente como espectador, éste realizó unas declaraciones a un periodista de la ciudad autónoma y le autorizó a publicarlas sin hacer reserva alguna a su condición de agente.

Sus manifestaciones fueron publicadas en un periódico melillense donde se dio a conocer su profesión y se le atribuía la afirmación de que los aficionados del Melilla habían sido estafados y tratados de forma discriminatoria por parte de los directivos del Elche, sobre los cuales decía que no debían pisar la ciudad autónoma y les llamaba "sinvergüenzas", entre otros calificativos.

Altercados

El 30 de junio se disputó el mismo partido entre los mismos equipos en Melilla, en cuyo estadio se produjeron graves incidentes consistentes en el lanzamiento de piedras y otros objetos sobre los directivos y aficionados del Elche. Fue necesaria la intervención de los funcionarios de la Policía, que tuvieron que hacer uso de la fuerza.

Estos hechos fueron atribuidos en una información publicada en un periódico de Alicante al "enrarecimiento del ambiente deportivo" provocado por las declaraciones. El agente negó posteriormente haber realizado estas manifestaciones y dijo haber mantenido una conversación con un periodista de Melilla, a título privado.

En la resolución, la sala señala que la imposición de una sanción disciplinaria exige la acreditación por la administración sancionadora de la realización por parte del imputado de una conducta considerada como falta. Para el alto tribunal valenciano, las manifestaciones del agente, autorizadas por él, "mal se compadecen con la imagen de honradez, rigor y seriedad que la Policía ha de ofrecer ante la sociedad y que, por ser contraria a estos principios, dañan no sólo la reputación personal del funcionario en cuestión, sino también, por reflejo, la del colectivo y su función".