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Columna
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Recordando Antequera

La celebración del vigésimoquinto aniversario de la Constitución no es que haya eclipsado, sino que ha hecho desaparecer del mapa el vigésimoquinto aniversario del Pacto de Antequera que ha tenido lugar el 4 de diciembre. Y si el eclipse se entiende, la desaparición del mapa no. El Pacto de Antequera no puede compararse con la Constitución, pero fue de importancia decisiva para que se acabara imponiendo la interpretación de la Constitución que hizo posible la construcción del Estado de las Autonomías tal como lo conocemos. Sin el Pacto de Antequera, suscrito por todos los partidos andaluces, UCD incluida, no hubiera sido posible la iniciativa autonómica en Andalucía en los términos previstos en el artículo 151 de la Constitución y no se hubiera podido celebrar el referéndum del 28 de febrero de 1980. No habrían tenido lugar los Pactos Autonómicos de 1981 y tendríamos, en consecuencia, una estructura del Estado completamente distinta de la que tenemos.

El Pacto de Antequera fue la última vez que los partidos actuaron unitariamente para definir la posición de Andalucía

El Pacto de Antequera fue, pues, un momento decisivo en la inicial puesta en marcha de la Constitución, cuyas consecuencias todavía están presentes no sólo en Andalucía sino también en la estructura del Estado español. No fue un pacto cualquiera y no deberíamos dejarlo caer en el olvido. El Pacto de Antequera fue también una oportunidad perdida. Tal vez por eso su recuerdo produce una cierta melancolía. El Pacto de Antequera fue la última vez que los partidos políticos andaluces actuaron unitariamente con la finalidad de definir entre todos la posición de Andalucía en la nueva estructura del Estado que la Constitución no definía, pero sí posibilitaba.

Precisamente para eso se suscribió el pacto. Se firma dos días antes del referéndum constitucional, con la finalidad de generar un movimiento unitario en Andalucía a favor de la vía del artículo 151 de la Constitución. En dicho pacto los partidos expresaron perfectamente la unidad que existía entre los ciudadanos de Andalucía respecto del tipo de autonomía que se quería para nuestra tierra, dentro de las posibilidades y límites que ofrecía el texto constitucional. Y el pacto cumplió perfectamente su función: la casi totalidad de los ayuntamientos andaluces ejerció la iniciativa autonómica en los términos exigidos por el artículo 151, a fin de equiparar constitucionalmente Andalucía con las comunidades que habían plebiscitado estatutos de autonomía durante la II República. La eficacia de la unidad de las fuerzas políticas andaluzas no pudo ser más expresiva.

Desgraciadamente, dicha unidad no se mantendría hasta el final del proceso estatuyente, como es bien sabido. UCD se descolgaría del Pacto de Antequera en el momento decisivo de la celebración del referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica, en el que hacía falta la mayoría absoluta del censo electoral de cada una de las provincias, automarginándose de esta manera del proceso estatuyente y dinamitando con ello la unidad de las fuerzas políticas y, como consecuencia de ello, también la unidad de los ciudadanos andaluces en torno a la posición de Andalucía en el Estado.

Esta ruptura de la unidad en el momento estatuyente ha tenido unas consecuencias muy negativas para la derecha andaluza, que no ha sido capaz todavía de superar aquel error histórico y no ha encontrado la forma de dirigirse con credibilidad a los ciudadanos en las elecciones autonómicas. El PP compite bien en las elecciones generales y municipales, pero no en las autonómicas.

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Pero la ruptura de la unidad no sólo perjudicó electoralmente a la derecha española, sino que debilitó también de manera notable a nuestra comunidad autónoma. La posición de Andalucía en el Estado no puede ser la misma si todos los partidos están de acuerdo que si no lo están. ¿Piensa alguien que el Gobierno de la nación, cualquiera que hubiera sido, podría haber borrado del censo a efectos de financiación autonómica a cerca de medio millón de ciudadanos andaluces si hubiera existido una auténtica unidad de todas las fuerzas políticas en esta materia? ¿Se hubiera atrevido el Gobierno de la nación a actuar de la manera que lo está haciendo respecto de la investigación con células madre si todos los partidos políticos andaluces se mantuvieran unidos en apoyo de la decisión? Los interrogantes podrían multiplicarse y todos tienen la misma respuesta.

Las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 y el Pacto de Antequera de 1978 han sido de los momentos más bonitos y más fructíferos de la Política, con mayúsculas, en Andalucía. En ellos se puso de manifiesto la fuerza extraordinaria de esta comunidad autónoma cuando es capaz de ponerse de acuerdo en asuntos materialmente constitucionales, como eran los que en aquellos momentos se ventilaban. No hay ninguna otra comunidad autónoma que, constitucionalmente, tenga el peso que tiene Andalucía si consigue expresarse de manera unitaria. Ninguna. Por eso el Pacto de Antequera tuvo la fuerza que tuvo y resultó imparable incluso para el Gobierno de la nación en aquel momento.

La ruptura del Pacto de Antequera no impidió que Andalucía se constituyera en comunidad autónoma por la vía del artículo 151 de la Constitución, pero la prolongación de dicha ruptura de la unidad sí ha supuesto un debilitamiento notable de la posición de Andalucía dentro del Estado. La autonomía andaluza arrastra una hipoteca, no fácilmente cuantificable pero significativa, desde el momento estatuyente, que además no parece que estemos en condiciones de levantar. Me parece que todos deberíamos reflexionar sobre ello. Y para ello conviene no echar en el olvido el último momento en que fuimos capaces de ponernos de acuerdo todos.

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